Órgano de Administración Judicial asigna 571 vehículos por 252 millones de pesos mediante adjudicación directa

El Órgano de Administración Judicial (OAJ), bajo la presidencia de Néstor Vargas Solano, formalizó la adquisición de 571 vehículos por un monto de 252 millones de pesos a través de una adjudicación directa. En la documentación pública disponible no consta un diagnóstico del parque vehicular ni un estudio comparativo de mercado que explique la decisión de omitir un proceso de licitación. Asimismo, los registros oficiales del Gobierno federal no consignan el nombre del proveedor beneficiado.

En un comunicado fechado el 23 de enero, el Pleno del Órgano de Administración Judicial justificó la renovación del parque vehicular del Poder Judicial de la Federación con el argumento de fallas recurrentes en las unidades en operación. Sin embargo, la información difundida no incluye dictámenes técnicos, evaluaciones presupuestales, análisis operativos ni consideraciones de seguridad que respalden la contratación directa.

De acuerdo con versiones recabadas al interior del propio OAJ, el contrato favoreció a la empresa Jet Van Car, propiedad de Cuauhtémoc Velázquez García y Teresa López Castillejos. La compañía habría recibido los 252 millones de pesos para proveer vehículos destinados a funcionarios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Entre las unidades adquiridas se contabilizan 124 vehículos híbridos y eléctricos. No obstante, el Órgano de Administración Judicial no presentó estimaciones sobre el gasto en electricidad ni sobre la operación de estos modelos. A ello se suma la ausencia de infraestructura para la instalación de cargadores, condición que, según un trabajador de la dependencia, continúa sin resolverse.

Jet Van Car mantiene una trayectoria ligada al panismo y consolidó su crecimiento como contratista del sector público durante el sexenio de Felipe Calderón. Entre 2010 y 2026, la empresa acumuló 825 contratos federales por un monto superior a 19 mil 384 millones de pesos, de acuerdo con datos del portal Compras MX.

Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, la compañía fue objeto de una inhabilitación por incumplimientos contractuales. Además, la Auditoría Superior de la Federación identificó irregularidades de alto impacto económico en sus operaciones y notificó al Servicio de Administración Tributaria para la investigación de posibles anomalías fiscales.