Alianza sindical exige intervención por presunto monopolio gasolinero en la Península

El alza en los precios de la gasolina en México ha tenido un efecto más pronunciado en la Península de Yucatán, donde sindicatos acusan la existencia de un monopolio que mantiene costos elevados desde hace varios años.

Las denuncias apuntan al corporativo CorpoGas como el principal actor en el control del suministro de hidrocarburos en Quintana Roo, lo que le permitiría fijar precios superiores al promedio nacional.

Este grupo empresarial está vinculado a Ricardo Antonio Vega Serrador y a la familia Mouriño, con antecedentes de relaciones políticas con los exgobernadores Roberto Borge y Félix González Canto, así como con el expresidente Felipe Calderón.

Según las acusaciones, el consorcio controla alrededor del 64% del mercado en el estado y comercializa gasolina con un sobreprecio de entre 60 centavos y 1.60 pesos por litro.

El impacto económico se refleja en sectores como el de la construcción, donde se prevé un aumento de entre 10 y 15% en el costo de la vivienda debido al encarecimiento de materiales y transporte.

El caso no es nuevo, ya que en 2024 fue expuesto durante la Conferencia Mañanera del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, quien instruyó a la Profeco a investigar la situación.

También se anunció la búsqueda de alternativas para el almacenamiento de combustible, con el objetivo de reducir los costos en la región.

A pesar de ello, no se han concretado soluciones, mientras que el proyecto del Tren Maya se perfila como una opción a futuro, aunque su consolidación aún tomará años.

En términos económicos, el sobreprecio representa para las familias un gasto adicional cercano a los 2,000 pesos mensuales, es decir, unos 500 pesos semanales.

Ante esta situación, sindicatos han conformado una alianza para exigir la intervención de la Profeco y denunciar lo que consideran un monopolio construido durante gobiernos del PRI y del PAN.

Además, un líder sindical anunció que realizará una denuncia pública para responsabilizar a Vega Serrador y a la familia Mouriño por los altos precios, y exigir acciones que permitan regular el mercado y proteger a los consumidores.