Ana María Castro, alcaldesa de Tultitlán, bajo investigación por desvío de recursos

El gobierno de Tultitlán, encabezado por Ana María Castro Fernández, enfrenta una creciente ola de denuncias por presunta corrupción, desvío de recursos y una red de extorsión operada desde el interior del Ayuntamiento. Las acusaciones también alcanzan a colaboradores cercanos y a miembros de su familia involucrados en la administración municipal.

Pese a formar parte de la Alerta de Violencia de Género desde 2015 y figurar entre los 50 municipios prioritarios en materia de seguridad para el gobierno estatal, Tultitlán quedó fuera de la “Operación Liberación”, el operativo federal más amplio contra la extorsión, desplegado en julio de 2023 en 14 municipios del Estado de México.

Empresarios locales han señalado que operan bajo un clima de intimidación institucional. De acuerdo con sus testimonios, funcionarios municipales suspenden negocios tras supuestas anomalías detectadas en inspecciones administrativas, para luego convocar a reuniones extraoficiales en las que se proponen pagos irregulares a cambio de reabrir los establecimientos. Uno de los principales señalados es Erick Isachar Vega Chavarría, coordinador general de la Oficina de Presidencia. Las denuncias apuntan a que estas prácticas cuentan con la aprobación de la alcaldesa.

A esta estructura se suma un entorno de poder con fuertes lazos familiares. Ana María Castro es cuñada de la expresidenta municipal Elena García Martínez. Además, su esposo, José Alfredo Contreras Suárez, ocupa el cargo de secretario del Ayuntamiento. Esta configuración ha generado críticas por la concentración de decisiones y la presunta falta de transparencia en la gestión pública.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de México confirmó la existencia de investigaciones contra Ana María Castro y Elena García Martínez por el posible desvío de recursos, irregularidades en obra pública y contrataciones, así como por la utilización de empresas fachada y el manejo indebido de programas sociales.

Aunque las autoridades no han intervenido directamente en el gobierno municipal, fuentes cercanas a los gabinetes de seguridad estatal y federal indicaron que mantienen el caso bajo observación, ante el aumento de denuncias y la presión ciudadana por frenar los presuntos abusos de poder en Tultitlán.