Cuestionamientos por video de Ruth González reavivan el debate sobre la Ley Serrano

La senadora Ruth González Silva quedó nuevamente en el centro de la discusión pública en San Luis Potosí, aunque esta vez no por una denuncia relacionada con inteligencia artificial, sino por un video difundido en redes sociales que utiliza animaciones y recreaciones digitales para ilustrar los daños ocasionados por las lluvias en la entidad.

El material provocó reacciones entre usuarios de plataformas digitales, quienes señalaron una aparente contradicción entre el uso de este tipo de recursos visuales y la postura que dio origen a una de las reformas más controvertidas aprobadas recientemente en el estado: la llamada Ley Serrano.

Las críticas tomaron fuerza después de usuarios compartieran el video en la red social X y cuestionó el empleo de imágenes recreadas digitalmente dentro de un mensaje institucional de la legisladora: https://x.com/KarlaMaEstrella/status/2064729309223559217

A partir de esa difusión, diversos comentarios plantearon que, si la legislación estatal busca sancionar contenidos capaces de alterar la percepción pública mediante herramientas tecnológicas, los materiales promovidos por actores políticos también deberían someterse al mismo análisis.

El debate ocurre mientras crecen las presiones para eliminar la reforma impulsada por el diputado Héctor Serrano, coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso de San Luis Potosí. Organizaciones periodísticas y defensores de la libertad de expresión consideran que la norma contiene disposiciones que pueden afectar el ejercicio informativo y la discusión de asuntos públicos.

Entre quienes han manifestado su rechazo figura Artículo 19. La organización sostuvo que la legislación abre la puerta a procedimientos penales contra periodistas, medios de comunicación y ciudadanos debido a la amplitud de los criterios establecidos en la reforma.

La norma contempla sanciones de uno a tres años de prisión para quienes produzcan o compartan materiales que suplanten, alteren o reproduzcan la identidad de una persona sin autorización. Además, establece castigos de hasta seis años de cárcel en determinados supuestos vinculados con información que pueda afectar la confianza institucional o la seguridad pública.

Las críticas hacia la ley aumentaron tras el caso de las periodistas Eréndira Reyes y Alejandra Hermosillo, colaboradoras del portal Despertar San Luis 3.0, quienes fueron detenidas a raíz de una denuncia relacionada con la circulación de una imagen falsa donde aparecía Ruth González Silva junto al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

De acuerdo con la acusación, la fotografía fue elaborada mediante inteligencia artificial y comenzó a difundirse en redes sociales a finales de abril. González Silva argumentó que el contenido utilizó su identidad sin autorización y que su propósito consistía en afectar su imagen pública.

La liberación de ambas comunicadoras no puso fin a la controversia. Por el contrario, impulsó nuevos cuestionamientos sobre los alcances de una legislación aprobada apenas unos meses antes y cuya aplicación continúa bajo escrutinio.

En medio de este escenario, la difusión del video de la senadora abrió un nuevo frente de discusión. Más allá del uso de inteligencia artificial, el debate se concentra ahora en la consistencia con la que se interpreta una norma que ha generado preocupación entre organizaciones civiles, periodistas y usuarios de redes sociales.

Ruth González Silva representa al Partido Verde en el Senado de la República, es esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona y figura entre los nombres que distintos actores políticos consideran rumbo a la elección para la gubernatura de San Luis Potosí prevista para 2027.