De la Mata plantea revisar elección judicial y reducir representación proporcional

El magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata Pizaña, sostuvo que la discusión de una nueva reforma electoral no puede eludir el problema de la intervención del crimen organizado en los comicios. A su juicio, el eje de cualquier cambio legal debe ser la defensa del voto libre, junto con una revisión del modelo de elección judicial y la garantía de recursos suficientes para las autoridades electorales.

En entrevista, el magistrado advirtió que existen antecedentes documentados en distintas comunidades donde grupos delictivos sustraen urnas durante la jornada electoral y las devuelven con las boletas marcadas. Ese tipo de prácticas, dijo, obligan al Estado a enfrentar el fenómeno sin evasivas y con herramientas jurídicas eficaces que impidan la coacción del electorado.

Mientras ese problema persista, consideró que no existen condiciones para avanzar hacia modalidades como el voto por internet o la generalización de urnas electrónicas. Antes de incorporar innovaciones tecnológicas, subrayó, el país debe asegurar que el sufragio se emita sin presión y con plena libertad.

En el terreno del financiamiento, reconoció que el modelo de fiscalización mexicano cuenta con mecanismos complejos, aunque estimó indispensable fortalecer la revisión del origen y destino de los recursos partidistas. El propósito, explicó, consiste en impedir que capitales ilícitos influyan en la competencia electoral.

De la Mata también planteó una revisión integral del esquema de elección judicial. Señaló que el proceso reciente se llevó a cabo con reglas insuficientes y un diseño apresurado, lo que obliga a evaluar ajustes estructurales. Entre ellos, mencionó la posibilidad de modificar la fecha de esos comicios para evitar su coincidencia con procesos políticos y reducir la influencia de dinámicas partidistas. Asimismo, propuso considerar exámenes que acrediten conocimientos jurídicos mínimos de quienes aspiren a un cargo y simplificar las boletas, cuya complejidad resultó problemática para una parte del electorado.

Respecto al presupuesto de las autoridades electorales, el magistrado afirmó que la eficiencia en el uso de recursos es necesaria, pero advirtió que una reducción excesiva puede comprometer la organización de las elecciones.

“Reducir el gasto público o el que tienen las autoridades electorales a un punto que no puedan organizar las elecciones sería un error. No hay democracia más cara que aquella que no existe y, para que exista, se tiene que hacer una inversión, un gasto.”, expresó.

En cuanto a la integración del Congreso, se pronunció por revisar el número de legisladores de representación proporcional, en especial en el Senado, al considerar que las figuras de primera minoría ya garantizan la presencia de fuerzas políticas distintas a la mayoría.

“Si lo que queremos es que haya participación de los partidos minoritarios en la Cámara de Senadores, pues eso se encuentra garantizado a través de los senadores de primera minoría o —digamos así— de segundos lugares. Pero los senadores de representación proporcional son una cuestión un tanto artificial. Exclusivamente tiende a que los partidos puedan introducir a personas específicas.”

También abrió la discusión sobre el tamaño de la Cámara de Diputados y el sistema mixto vigente.

“Por otro lado, la representatividad en la Cámara de Diputados, hay que hacerse dos preguntas: ¿podría haber menos diputados? Mi respuesta, como constitucionalista, es, evidentemente, sí. ¿Queremos mantener este sistema mixto de mayoría relativa con alguna minoría de representación proporcional o queremos adoptar, por ejemplo, un sistema de proporcionalidad pura?”

Para el magistrado, resulta factible reducir el número de curules y explorar alternativas que disminuyan la sobrerrepresentación. En su planteamiento, la reforma electoral debe fortalecer la integridad de los procesos, garantizar su viabilidad operativa y evitar decisiones que deterioren la calidad democrática del país.