Exigen en San Lázaro evaluar decisión judicial en caso de feminicidio

Con un exhorto dirigido al Poder Judicial de la Federación, al Tribunal de Disciplina Judicial y a la Fiscalía, la diputada federal Gabriela Georgina Jiménez Godoy (MORENA) presentó en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión (San Lázaro) un Punto de Acuerdo para revisar de manera urgente la actuación judicial en un caso de feminicidio, con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia con perspectiva de género, debida diligencia reforzada y enfoque interseccional.

El feminicidio de Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo, ocurrido en 2019, derivó en la vinculación a proceso en 2023 de Mario Alberto “N”, a quien se le impuso prisión preventiva; no obstante, dicha medida fue cesada el 23 de marzo de 2026 por la jueza Aneshuarely Amarande Riojas Orozco, titular del Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, al resolver un juicio de amparo que permitió su excarcelación.

Entre las irregularidades señaladas en el documento presentado en San Lázaro se encuentran la omisión de notificar a las víctimas indirectas, un posible conflicto de interés al conocer del asunto y la falta de una valoración real del riesgo de fuga y de la seguridad de las víctimas, lo que resulta especialmente grave en un caso de violencia feminicida atribuido a la actuación de la jueza Amarande Riojas Orozco.

Sin incorporar de manera efectiva la perspectiva de género, la resolución fue emitida sin analizar el contexto de violencia, los antecedentes entre víctima e imputado ni los factores de riesgo que deben considerarse conforme a estándares nacionales e internacionales en este tipo de casos, según se advierte.

Como una forma de violencia institucional y no como una simple irregularidad procesal es considerada la omisión de notificar a las víctimas indirectas, al vulnerar su derecho a participar en el proceso y acceder a la justicia en condiciones de igualdad, de acuerdo con el documento.

El 9 de abril de 2026, durante una manifestación frente a juzgados federales, se registraron hechos de intimidación en contra de colectivas feministas y familiares de la víctima, lo que agrava el contexto de vulnerabilidad en el que se encuentran las víctimas indirectas.

A fin de garantizar la imparcialidad del proceso, se exhorta al Tribunal de Disciplina Judicial a analizar de manera inmediata la queja presentada contra la jueza Aneshuarely Amarande Riojas Orozco, así como a valorar su suspensión provisional y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes.

Para dar seguimiento puntual al caso, se solicita a la Fiscalía interponer todos los recursos legales necesarios para combatir la excarcelación del imputado, además de garantizar la protección integral de las víctimas indirectas y evitar cualquier forma de revictimización.

Que decisiones de esta naturaleza afectan la confianza ciudadana en el sistema de administración de justicia y envían un mensaje de permisividad frente a la violencia contra las mujeres fue advertido por la diputada Jiménez Godoy, quien señaló que no solo impactan un caso en particular y afirmó que “La justicia que no incorpora perspectiva de género no es justicia: es impunidad.”