FGR recibe solicitud para reabrir caso contra Sergio Montaño Fernández por corrupción penitenciaria

Un grupo de ciudadanos solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) que retome la investigación contra Sergio Montaño Fernández, ex Oficial Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública, por su presunta implicación en irregularidades relacionadas con la concesión de penales federales durante la administración de Genaro García Luna, actualmente preso en Estados Unidos.

Los denunciantes argumentan que, aunque un tribunal federal cerró el caso contra 16 exfuncionarios del sistema penitenciario debido a la prescripción de los delitos, el proceso contra García Luna sigue en marcha. Señalan que Montaño Fernández participó en la firma de contratos que provocaron un sobrecosto de más de 62 mil millones de pesos en la construcción y operación de ocho prisiones de máxima seguridad. Además, piden que se esclarezca su posible papel dentro de la red de corrupción encabezada por el exsecretario de Seguridad Pública, quien fue sentenciado a 38 años y 8 meses de prisión en Estados Unidos por sus nexos con el narcotráfico.

De acuerdo con la denuncia, Montaño Fernández habría sido un actor clave en la adjudicación de contratos a empresas privadas, por lo que instan a la FGR a determinar si aún existen delitos vigentes que permitan proceder penalmente y evitar que el caso quede impune.

Los contratos bajo escrutinio fueron firmados en 2010 y 2011 con compañías como ICA, Arendal, Prodemex, GIA, Homex y Tradeco, por un monto cercano a los 270 mil millones de pesos, destinados a la construcción de infraestructura penitenciaria con capacidad para 20 mil reclusos.

Entre los exfuncionarios que quedaron exonerados por la resolución judicial se encuentran el General Sergio Alberto Martínez Castuera, así como sus antecesores, el General Salvador Camacho Aguirre y Celina Oseguera Parra.

También fueron deslindados de responsabilidades Paulo Uribe Arriaga y Óscar Moreno Villatoro, exdirectores generales de Administración del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, además de los excoordinadores de centros federales Antonio Molina Díaz y Saúl Castro Castro.

Asimismo, se incluyó en la lista de exonerados a Sergio Montaño Fernández, ex Oficial Mayor; Arturo Sosa Viderique, exdirector de Administración; Marco Antonio Villarreal Gutiérrez, exdirector de Adquisiciones de la SSP; Miguel Vital Hernández, director General Adjunto de la Dirección General de Administración; Alma Delia Sánchez Ocampo, ex directora de Adquisiciones; Raúl Gerardo Lemus Soto, director de Apoyo Operativo, y María Lidia Alcántar Vargas, Antonio Corona Rodríguez y José Ariel Morales López.

En 2010 y 2011, Montaño Fernández, Sosa Viderique y Villarreal Gutiérrez firmaron los contratos originales, mientras que el resto de los exfuncionarios fueron involucrados por haber suscrito 76 convenios modificatorios durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

Hasta el momento, la FGR no ha emitido una postura oficial sobre la solicitud de reapertura del caso.