José Luis Moyá Moyá cumple 157 días en prisión preventiva tras ser vinculado con operaciones ilícitas

José Luis Moyá Moyá, acusado de participar en el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, lleva 157 días detenido en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, luego de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ejecutara su aprehensión el 18 de octubre de 2024.

La investigación, que comenzó en marzo de 2023, fue dirigida por la entonces fiscal Ernestina Godoy y tenía como objetivo indagar diversas acusaciones en contra de Moyá Moyá, particularmente por presuntos actos de extorsión.

Uno de los elementos clave que ha alimentado el caso es un video que circula en redes sociales, que aún se encuentra disponible en YouTube, (https://www.youtube.com/watch?v=UeOMlGqEH-I) donde se exponen transacciones financieras sospechosas que involucran a la familia Moyá.

El video revela movimientos inusuales de grandes sumas de dinero, especialmente relacionados con Rosa María Moyá, madre de José Luis, quien, a pesar de no tener actividad económica conocida, habría transferido millones de pesos en distintas operaciones.

Según el material, la señora de 87 años habría gastado más de 11 millones de pesos en 2020, sin una explicación clara sobre el origen de esos fondos, pues su única actividad registrada era el trabajo doméstico.

Entre las transacciones más destacadas, se menciona que, entre 2019 y 2021, Rosa María Moyá habría transferido la cantidad de 5 millones 248 mil 957 pesos en siete operaciones a Luis Ceferino Macías Noguera, quien, según el video, sería su yerno. Estos movimientos, sin una justificación evidente, refuerzan las sospechas sobre la procedencia ilícita de los recursos.

Durante los últimos 15 años, José Luis Moyá Moyá se presentó como un defensor de la transparencia y el combate a la corrupción, destacando por sus gestiones en la solicitud de información pública. No obstante, ha trascendido que Moyá habría utilizado la información obtenida para fines personales, incluyendo la extorsión y el beneficio económico.

En 2006, la activista Isabel Miranda Wallace, de la asociación Alto al Secuestro, denunció a Moyá por extorsión y difamación. Según la denuncia, Moyá habría solicitado dinero a cambio de no dañar su imagen pública. En una entrevista reciente, Miranda Wallace aseguró que no fue la única persona que sufrió las prácticas extorsivas de Moyá.

Fuentes cercanas al caso han señalado que uno de los métodos utilizados por Moyá Moyá era incorporarse a las nóminas de instituciones públicas con identidades falsas. Esta estrategia fue reconocida públicamente por el propio acusado.

En 2014, cuando Moyá intentó obtener el cargo de comisionado del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), fue cuestionado por los senadores sobre sus ingresos y actividades. En su respuesta, afirmó que algunos funcionarios le pagaban por fuera bajo nombres ficticios para evitar posibles actos de corrupción.

En esa ocasión, Moyá también declaró: “Hay empresarios que me contratan cuando se dan cuenta que una licitación está dirigida a determinada empresa. Yo hago la solicitud de información y yo hago la denuncia. ¿Por qué? Porque cuando un empresario participa en una licitación en el gobierno de la Ciudad de México se inconforma o presenta una denuncia en la Contraloría, automáticamente lo vetan”.

Con base en las pruebas recabadas por el Ministerio Público, la Fiscalía logró vincular a proceso a Moyá Moyá, quien continúa su proceso judicial bajo prisión preventiva. Durante la audiencia de cumplimiento de la orden de aprehensión, el juez ratificó la medida cautelar y ordenó la inmovilización de sus cuentas bancarias como parte de las medidas preventivas.