Licitación de seguridad del INM avanza en medio de dudas por vínculos empresariales

El Instituto Nacional de Migración (INM) se encamina a resolver, el próximo 25 de febrero, la licitación para contratar el servicio de protección, seguridad y vigilancia en sus oficinas de representación en 21 estados. En la recta final del procedimiento, persisten alertas sobre la posible permanencia, por conducto de otra razón social, del mismo grupo empresarial que operó durante el sexenio pasado y que acumuló sanciones administrativas.

El procedimiento identificado como LA-04-K00-004K00001-N-2-2026 fija el 19 de febrero para la presentación y apertura de propuestas, mientras que el dictamen se dará a conocer seis días después. Con ese calendario, el instituto se aproxima a la definición de un contrato clave para la operación en sus instalaciones.

Entre las firmas inscritas destaca Serprosep S.A. de C.V., señalada en reportes periodísticos por su presunta relación con Sandalio Sáenz, a quien diversas denuncias ubican como articulador de compañías asociadas al llamado “Cártel de la Limpieza”. Ese entramado empresarial prestó servicios al INM en años previos mediante Grupo Seguridad Privada Pryse de México.

Pryse recibió una inhabilitación el 15 de septiembre de 2025 por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, tras incumplimientos en contratos de vigilancia en recintos culturales de la capital del país, entre ellos el Museo Nacional de Antropología. Las fallas derivaron en cierres temporales y obligaron a revisar los esquemas de seguridad. Más tarde, la empresa obtuvo suspensiones judiciales que dejaron sin efecto provisional la sanción, aunque el litigio continúa.

El nombre de Pryse también aparece en el Índice de Integridad de Proveedores del Estado 2025, elaborado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. El informe le asigna 12.9 puntos de 100 y la coloca en el lugar 91 entre las cien compañías con mayores contratos federales, dentro de un grupo con debilidades en controles anticorrupción y cumplimiento normativo.

A la par, voces cercanas al proceso cuestionan el alcance de ciertos requisitos técnicos, como el numeral 4.1.1 inciso k, que exige a los participantes acreditar al menos cinco capacitadores certificados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social e inscritos en estándares del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, además de constancias en derechos humanos y protocolos de protección a personas migrantes. A juicio de especialistas, esas condiciones elevan costos y acotan la competencia. El fallo se emitirá bajo la administración del comisionado del INM, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, quien ha prometido corregir prácticas heredadas de la gestión de Francisco Garduño, marcada por cuestionamientos a los contratos de seguridad.