Señalan a Ana Castro por desvío de recursos y red familiar en el gobierno municipal

En Tultitlán, Estado de México, la presidenta municipal Ana María Castro Fernández enfrenta una creciente presión por acusaciones de corrupción, nepotismo y persecución política, a tan solo siete meses de haber asumido el cargo. Las autoridades mexiquenses han iniciado investigaciones que también alcanzan a su cuñada y antecesora, Elena García Martínez, actualmente diputada local.

Reportes periodísticos señalan que desde el arranque de su gobierno en enero de 2025, se han adjudicado contratos por al menos 72.7 millones de pesos, muchos de ellos entregados directamente o mediante supuestas licitaciones con un solo participante.

Además, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de México mantiene abierta una investigación con número de expediente TOL/CCF/SPO/107/033891/25/02, en la que se indagan presuntos desvíos de recursos públicos, favoritismo en la entrega de contratos y uso del poder con fines políticos por parte de Castro Fernández y García Martínez.

Las irregularidades no son nuevas. De acuerdo con habitantes de Fimesa 1, 2 y 3, durante el gobierno de Elena García se transfirieron 38.5 millones de pesos a la asociación civil Unión de Colonos, Inquilinos Solicitantes de Vivienda y Comerciantes, Lomas del Parque A.C., con el propósito de comprar 27 hectáreas ejidales en San Francisco Chilpan, aunque no existían escrituras que garantizaran la legalidad de la operación.

Además, en 2023, el gobierno municipal pagó otros 5 millones de pesos al Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonapho) sin que hasta el momento se haya regularizado jurídicamente la propiedad de esos terrenos.

Vecinos de la zona temen que se utilicen estrategias políticas para despojarlos de sus viviendas, como la propuesta de cambiar el nombre de la colonia a “Cuarta Transformación”, lo cual podría borrar su identidad legal y dificultar cualquier proceso de defensa de la tierra.

El lazo familiar entre la actual presidenta municipal y su predecesora ha sido un tema constante de crítica. García Martínez impulsó la candidatura de Castro Fernández, y al menos tres parientes directos de esta última ocupan cargos en el Ayuntamiento, lo que refuerza la percepción de una estructura de poder sostenida por relaciones personales.

En paralelo, empresarios del municipio han denunciado trabas burocráticas y corrupción administrativa que desalientan la inversión, tanto nacional como extranjera, en una demarcación donde 42% de los habitantes viven en condiciones de pobreza, según cifras oficiales.

La inseguridad también representa un foco rojo. Datos del INEGI revelan que 87.3% de los mexiquenses considera que vivir en el estado es inseguro, y Tultitlán es uno de los municipios más afectados por esta percepción.

Fuentes relacionadas con el caso confirmaron que ya se han solicitado auditorías financieras y peritajes técnicos para analizar el manejo de los recursos públicos ejercidos entre 2023 y 2025.