Sheinbaum abre consulta pública sobre reglas para proteger los derechos de las audiencias

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el inicio de la consulta pública para definir los lineamientos generales en materia de protección de los derechos de las audiencias, un proceso que permanecerá abierto del 27 de julio al 21 de agosto y que busca incorporar las opiniones de ciudadanos, concesionarios, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil antes de expedir las disposiciones finales.

En su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo federal informó que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) habilitó un espacio de participación en su portal oficial portal.crt.gob.mx/consultapublica para recibir observaciones de empresas del sector de telecomunicaciones y radiodifusión, así como de la ciudadanía, incluidas las estaciones de radio comunitarias.

Sheinbaum afirmó que los lineamientos no pretenden restringir la libertad de expresión ni establecer mecanismos de censura. Explicó que la propuesta fortalece un modelo de autorregulación para los medios de comunicación y recordó que la protección del derecho a la información forma parte del marco constitucional. "El derecho a la información veraz es un derecho constitucional del pueblo de México", expresó.

Como parte de ese esquema, precisó que cada concesionario tendrá la obligación de nombrar a una persona defensora de las audiencias, responsable de atender las inconformidades que presenten los usuarios respecto de los contenidos difundidos.

La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, explicó que el proyecto elaborado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones busca garantizar el ejercicio efectivo de los derechos previstos en la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Añadió que el documento también delimita diversos conceptos con el propósito de reducir interpretaciones ambiguas o discrecionales.

La propuesta establece que los lineamientos deberán cumplirse en los servicios de televisión abierta, radio, televisión restringida y audio restringido, además de las programadoras con concesiones comerciales, públicas y sociales.

Entre las obligaciones previstas figura el acceso de las audiencias a información veraz y oportuna. Los medios también deberán distinguir con claridad los espacios informativos de las opiniones mediante avisos o elementos gráficos, mantener separados los contenidos editoriales de la publicidad, difundir los mecanismos para ejercer el derecho de réplica e incorporar herramientas de accesibilidad y recursos visuales para personas con discapacidad auditiva.

El proyecto también exige la adopción de un Código de Ética que contemple de manera expresa los derechos de las audiencias, los criterios para verificar la información difundida, el procedimiento para presentar quejas y las reglas para designar a las personas defensoras de las audiencias. En las estaciones comunitarias, indígenas y afromexicanas, esa responsabilidad corresponderá a integrantes de las propias comunidades.

Asimismo, las personas titulares de las defensorías deberán actuar con imparcialidad, independencia, objetividad y transparencia, además de evitar cualquier conflicto de interés. Cada concesionario deberá contar, como mínimo, con una persona encargada de esa función, aunque la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones podrá solicitar defensorías adicionales cuando los tiempos de atención resulten insuficientes.

El mecanismo propuesto contempla dos etapas para la atención de las inconformidades. La primera corresponde a la defensoría de cada concesionario, instancia facultada para emitir recomendaciones. Si esas medidas no restituyen los derechos de las audiencias o el medio incumple las recomendaciones, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones podrá intervenir y aplicar las sanciones económicas previstas en la legislación.