Asignación de limpieza en el IPN enciende el escrutinio sobre secretario

La asignación de un servicio integral de limpieza por más de 2 mil 500 millones de pesos en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) activó alertas internas por la posible cercanía de Javier Tapia Santoyo, secretario de Administración, con proveedores identificados como el “Cártel de la Limpieza”, tras adjudicarse el contrato a Servicios Integrales Retimar, S.A. de C.V.

El fallo del proceso IA-11-B00-011B00001-N-2187-2025 se dio a conocer el 21 de mayo y se formalizó un día después; no obstante, quedó a revisión por la inconformidad PI/03/2025, lo que reavivó dudas sobre el procedimiento y sus beneficiarios.

Pese a que el Órgano Interno de Control acordó la suspensión de oficio del procedimiento, la Secretaría de Administración continuó con la formalización del instrumento jurídico, al dejar de lado la recomendación del titular del OIC en el IPN.

De carácter abierto y multianual, el contrato con Retimar abarca suministro de personal, insumos y equipo para dependencias del Politécnico durante los ejercicios 2025, 2026, 2027 y 2028.

Versiones internas apuntan a que Tapia Santoyo habría favorecido previamente a firmas vinculadas al grupo liderado por José Juan Reyes; el señalamiento se superpone con una denuncia de Tojil ante la FGR por presuntas irregularidades durante su paso por el ISSSTE.

Según esa investigación, en 2018 adjudicó de forma directa cuatro contratos por más de seis millones de pesos a Interacción Biomédica, empresa declarada fantasma por el SAT un año antes, cuando él figuraba como codirector; Tojil lo ubicó como pieza central de una red (2012–2019) que obtuvo 3 mil 390 mdp a través de 84 empresas, varias catalogadas como fantasma.

En el plano político, su nombre comenzó a circular en Guerrero como posible aspirante a la gubernatura por Morena, en un contexto donde se le atribuyen vínculos con Armando Ríos Piter, “El Jaguar”.

Ante estos antecedentes, se solicitó la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Omar Reyes, para revisar la situación patrimonial de Tapia Santoyo y esclarecer posibles irregularidades relacionadas con la adjudicación de contratos.