Cambios legales en camino: Alfonso Ramírez Cuéllar apuesta por un mercado más equilibrado

La próxima presentación de una iniciativa del Ejecutivo Federal en materia de competencia económica ha generado altas expectativas. Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena, expresó que esta propuesta refleja una apuesta firme por transformar el funcionamiento de los mercados para que operen con mayor equidad, justicia y eficiencia, al poner al centro el bienestar de la ciudadanía.

En su opinión, avanzar hacia un consenso institucional que reconozca la necesidad de una economía más incluyente es un paso prometedor. Ramírez Cuéllar remarcó que esta iniciativa puede convertirse en una herramienta clave para dotar al país de una legislación moderna y con visión internacional. Enfatizó además que guarda coincidencias relevantes con la iniciativa que él presentó en febrero, lo que refuerza su relevancia en el debate actual.

El legislador expuso que los efectos de la falta de competencia son alarmantes: los hogares mexicanos enfrentan sobrecostos del 15.7% en sus gastos, al afectar con mayor intensidad a los sectores más desfavorecidos. El decil más pobre experimenta una reducción de ingresos cuatro veces mayor que el decil más rico, y en estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, la pérdida de bienestar es 47% superior a la del noroeste. Las micro, pequeñas y medianas empresas, agregó, también son víctimas de estas distorsiones del mercado, lo que hace urgente actuar. Fortalecer la competencia es, desde esta perspectiva, una respuesta necesaria en términos de justicia social.

Respecto a los compromisos internacionales, Ramírez Cuéllar recordó que el TMEC establece, en su artículo 18.17, la existencia de una autoridad nacional para aplicar regulación asimétrica a los llamados “proveedores importantes”, categoría recogida en el artículo 18.1. Este organismo debe contar con plena independencia operativa y capacidad decisional, al asegurar imparcialidad en su labor.

Además, subrayó que el artículo 21.1 del tratado exige a México, Estados Unidos y Canadá mantener sistemas jurídicos sólidos que respalden autoridades de competencia autónomas, enfocadas en mantener mercados funcionales, abiertos y transparentes.

En el plano constitucional, resaltó que el artículo 28 establece que la autoridad responsable de garantizar la libre competencia y concurrencia tiene la facultad exclusiva de diseñar y aplicar la regulación asimétrica. Esta función se ejecuta mediante un ente descentralizado con autonomía técnica y operativa, que cumple con los requisitos estipulados por el T-MEC y asegura una gestión eficiente y especializada.

Para Ramírez Cuéllar, garantizar la independencia de estas autoridades no solo cumple con estándares internacionales, sino que ofrece una vía real para frenar excesos del mercado. La existencia de un ente con autonomía efectiva, afirmó, puede detener abusos como precios inflados o restricciones al acceso de servicios básicos.

“Hablamos de competencia no como un tecnicismo, sino como una herramienta para lograr precios justos, más opciones y un mercado que sirva a las familias mexicanas, no a intereses particulares”, afirmó.

Finalmente, detalló los elementos centrales que contempla la iniciativa en camino:

• Sanciones contra abusos de mercado, como precios excesivos o condiciones injustas de transacción, con base en los modelos normativos de la Unión Europea.

  
  

• Agilización de los procesos legales frente a prácticas monopólicas, dotando al Estado de mayor capacidad de reacción y a los actores económicos de mayor certeza jurídica.

  
  

• Supervisión temprana de fusiones mediante la reducción de umbrales de notificación, para detectar riesgos a la competencia desde fases iniciales.

  
  

• Aumento en las multas aplicables a conductas anticompetitivas, para proteger a las y los consumidores y a las mipymes, y prevenir reincidencias.

“México no puede seguir permitiendo que unos cuantos dominen los mercados mientras millones enfrentan precios injustos y barreras de acceso. Fortalecer la competencia es proteger el bienestar de las familias, impulsar la equidad y consolidar un sistema económico donde nadie quede atrás”, concluyó el diputado.