Caso Elisa Zepeda se reabre y genera tensión en el sistema judicial

La posible liberación de Miguel Ángel Peralta, uno de los sentenciados, vuelve a colocar en el centro del debate el caso de los hechos violentos en Eloxochitlán de Flores Magón, en la Sierra Mazateca de Oaxaca, a partir de una resolución de un Tribunal Colegiado que revive el impacto en la familia de Elisa Zepeda Lagunas y pone en duda el acceso a la justicia para las víctimas a casi doce años de lo ocurrido.

Sobre los delitos cometidos en diciembre de 2014, la diputada local advirtió en entrevista con Proceso que el criterio judicial actual omite su gravedad y carece de perspectiva de género, al referirse al asesinato de su hermano Manuel Zepeda y de Gustavo Estrada, así como a las agresiones físicas graves y la tentativa de feminicidio contra ella y su madre.

En ese fallo que abre la puerta a la liberación se ubica el punto de conflicto, frente al cual Zepeda afirmó que los magistrados privilegian una lectura de “especificidad cultural” por encima de un análisis integral de los homicidios y de las tentativas de feminicidio, lo que introduce, a su juicio, un sesgo que favorece la impunidad.

Entre versiones encontradas, los sentenciados y sus defensas han insistido en presentarse como “presos políticos”, mientras la víctima indicó que se trata de una estrategia que distorsiona los hechos y busca respaldo social a partir de la identidad indígena de los involucrados, entre quienes aparecen figuras ligadas al PRI como el exalcalde Alfredo Bolaños y Jaime Betanzos.

Al centrarse en su actividad de 2014, Zepeda recordó que esta se enfocaba en el trabajo comunitario y la defensa de los derechos de las mujeres, por lo que la agresión no guarda relación con ningún cargo público, sino con un liderazgo que confrontó estructuras de control locales y detonó la represalia.

A través de campañas de difamación en el entorno digital, la legisladora denunció acciones dirigidas a erosionar su credibilidad, lo que prolonga la violencia política iniciada hace una década ahora mediante herramientas digitales.

En medio de un ambiente de incertidumbre, habitantes de Eloxochitlán observan con cautela las decisiones judiciales, ante el riesgo de que la falta de sentencias firmes aliente nuevos episodios de violencia en una comunidad que no olvida.

Con base en la protección de derechos procesales bajo un enfoque intercultural, el Tribunal Colegiado sustenta su postura, mientras la representación de las víctimas sostiene que la pertenencia a un pueblo indígena no exime de responsabilidad en delitos graves como tortura y homicidio, planteando un equilibrio entre garantías del acusado y protección a las víctimas.

“A mí quisieron matarme”, afirmó Elisa Zepeda al insistir en la solidez de las pruebas, y recordó que los primeros detenidos transportaban el cuerpo de su hermano en un vehículo oficial, por lo que exigió que los hechos se valoren con objetividad y no en lecturas políticas.

En la etapa actual, el caso se encuentra en una fase de revisión técnica donde las víctimas buscan un análisis de fondo sobre las violaciones a derechos humanos ocurridas hace casi 12 años, así como que no sean ignoradas las voces de las víctimas indirectas, en especial la esposa e hijas de Manuel Zepeda.