CNDH cuestiona dictamen de la ONU sobre desapariciones en México

En respuesta a la solicitud de llevar la situación de México ante la Asamblea General de la ONU, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó su desacuerdo con las conclusiones del Comité de la Organización de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED), reiterando que la desaparición forzada ha dejado de ser una política de Estado y cuestionando su interpretación.

El dictamen, fechado el 4 de abril de 2026, establece que existen indicios “fundados” de desapariciones “generalizadas o sistemáticas”, según el Comité integrado por “expertos independientes”. Esta evaluación motivó la propuesta de llevar el tema a la Asamblea General.

Basado principalmente en solicitudes de ONG y colectivos, el análisis del Comité fue cuestionado por la CNDH. En ese sentido, señaló que no se agotaron las instancias nacionales previstas en la Convención Internacional.

De acuerdo con la Comisión, los esfuerzos institucionales y presupuestales de los últimos siete años no fueron considerados. Además, indicó que se retomaron argumentos del Centro Prodh, que calificó las acciones como “acciones parciales y poco coordinadas”.

El organismo sostuvo que el dictamen no distingue los periodos históricos en los que se concentraron las desapariciones. Precisó que estas ocurrieron durante la “Guerra Sucia” y la “Guerra contra el narcotráfico”, mientras que desde 2018 han disminuido.

Al analizar el contenido, la CNDH identificó una inconsistencia al señalar que el Comité niega una política federal deliberada, pero al mismo tiempo atribuye las desapariciones a políticas estatales u organizacionales.

La Comisión recordó que compartió información con la Cancillería, donde se evidencia que la mayoría de los casos corresponde al periodo de la “Guerra contra el narcotráfico” y a regiones específicas.

En su actuación, el organismo informó la emisión de 14 recomendaciones por hechos de años anteriores y 5 por casos recientes, incluidos eventos en Morelos, Sinaloa, Durango, Guerrero y Puebla.

También destacó la disminución de los casos y la mayor rapidez en su atención, así como irregularidades en el Registro Nacional mediante la Recomendación 238/2023.

Finalmente, rechazó las propuestas internacionales, cuestionó posturas de algunas ONG y afirmó que continuará informando a instancias internacionales.