Comparecencia de Gabriela Osorio desata críticas por propaganda y rezagos en Tlalpan
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La alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio, acudió el pasado miércoles al Congreso de la Ciudad de México para comparecer ante diputados locales; sin embargo, la sesión quedó marcada por reclamos de la oposición relacionados con propaganda personalizada, deficiencias en servicios públicos y presuntas irregularidades dentro de la demarcación.
Legisladores de distintas bancadas cuestionaron la presencia de bardas, lonas y pendones con la imagen de la alcaldesa en diversos puntos de Tlalpan. El diputado priista Omar García Loria pidió explicaciones sobre la respuesta de la alcaldía tras la resolución del Instituto Electoral de la Ciudad de México, autoridad que ordenó retirar la propaganda en un plazo de 72 horas.
La diputada de Movimiento Ciudadano, Patricia Urriza, mostró fotografías del material propagandístico y recordó que Gabriela Osorio criticó anteriormente ese tipo de promoción en otros gobiernos. Además, expresó dudas sobre la versión que atribuye la colocación de la propaganda a muestras espontáneas de apoyo ciudadano.
Frente a los cuestionamientos, la alcaldesa negó uso de recursos públicos para financiar la difusión de su imagen y aseguró que cualquier revisión financiera puede consultarse a través de los mecanismos de transparencia de la alcaldía.
Pese a esa respuesta, diputados insistieron en solicitar claridad sobre el origen de los recursos utilizados para instalar la propaganda en espacios públicos de la demarcación.
La comparecencia también exhibió inconformidades vecinales relacionadas con servicios urbanos. Diputados señalaron problemas por baches, fugas de agua, inundaciones y retrasos en la atención de reportes ciudadanos.
La diputada panista Daniela Álvarez entregó un oficio con alrededor de 100 solicitudes pendientes, entre ellas trabajos de poda, desazolve, balizamiento, retiro de cables y atención a tiraderos clandestinos.
Durante la sesión, la legisladora también acusó públicamente a Juan Pablo Tlatempa, funcionario de la alcaldía, de presuntas extorsiones contra comerciantes. Según señaló, el servidor público exige pagos y lanza amenazas sin facultades legales para intervenir en esas actividades. El señalamiento quedó sin respuesta específica durante la comparecencia ante las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales; Administración Pública Local; y Gobierno y Políticas Públicas.

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