Conflicto por adeudo millonario frena liberación de flotilla relacionada con Abraham Matuk

En el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, permanece detenida una flotilla superior a 100 unidades de transporte público pertenecientes a Sunwin de México como consecuencia de una disputa financiera por un adeudo estimado en 300 millones de pesos. El conflicto involucra a Grupo Loialt y a José Ramón Abraham Matuk, accionista de ambas empresas relacionadas con el proyecto.

La compra de los vehículos fue estructurada mediante mecanismos de financiamiento respaldados por una línea de crédito otorgada por Cetelem, institución que actualmente opera bajo la razón social Autoexpress Inbursa y mantiene una alianza con MG Financial Services en México. No obstante, las diferencias económicas entre las compañías frenaron la liberación y posterior distribución de las unidades.

Además de permanecer inmovilizados, parte de los autobuses registró daños materiales. De acuerdo con fuentes del sector automotriz, alrededor de 50 unidades resultaron afectadas por inundaciones ocurridas en las zonas donde se encuentran almacenadas.

Mientras los vehículos dañados carecen de cobertura de seguro y continúan sin poder entregarse a posibles compradores, otras 60 unidades siguen detenidas en espera de que se liquide el adeudo correspondiente.

En otro frente relacionado con el transporte masivo, Grupo Loialt participó en mayo de 2024 en la licitación RTP/LPI/001/2024 convocada por la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) de la Ciudad de México para el suministro de autobuses eléctricos e infraestructura de recarga, en su calidad de distribuidora de MG Motor.

Aunque presentó una propuesta económica por 79.2 millones de pesos, la empresa fue descartada debido a incumplimientos detectados en la documentación técnica. Finalmente, el contrato fue asignado a Yutong de México por cerca de 474.2 millones de pesos.

Por otra parte, José Ramón Abraham Matuk aparece mencionado en diversas investigaciones periodísticas vinculadas con contratos de blindaje y arrendamiento automotriz formalizados durante los periodos en que Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino ocuparon cargos dentro de la administración pública federal.

Como parte de su situación legal reciente, el empresario promovió el 4 de marzo de 2026 un amparo indirecto en materia penal para solicitar protección frente a posibles actos de autoridad relacionados con búsqueda, localización, comparecencia, presentación, detención o aprehensión. El recurso fue desechado por un juzgado federal al día siguiente tras determinar una causa manifiesta e indudable de improcedencia.