Congreso y gobiernos municipales de la 4T plantean acciones contra la extorsión y privatización del agua

Durante el Encuentro Nacional Construyendo Ciudades, el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar reunió en el WTC de la Ciudad de México a alcaldes, presidentes municipales y legisladores de la 4T para impulsar acciones contra la extorsión, defender el agua como derecho humano y aclarar el alcance de la nueva legislación catastral.
El legislador afirmó que la extorsión y el cobro de piso se han convertido en problemas que afectan gravemente a las metrópolis. Por ello, explicó que se trabaja en la consolidación de una estrategia nacional que respalde las medidas de la presidenta Claudia Sheinbaum y del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
Al referirse a la Operación Enjambre, Ramírez Cuéllar declaró: "Lo que estamos buscando es fortalecer un acuerdo que tenga como base atacar este gran flagelo... la Operación Enjambre no solamente se quedó en el Estado de México, sino que buscamos que todos los que asistan lleguemos a nuestras respectivas localidades para combatir con mucha fuerza este grave problema", enfatizó. También advirtió que ningún funcionario o alcalde vinculado con actividades ilícitas será tolerado, sin distinción de partido político.
Por su parte, la presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Emilia Pérez Segura, describió la problemática del agua que enfrenta su municipio, donde el 65% de los habitantes padece desabasto y recibe agua de mala calidad.
La alcaldesa señaló que existe preocupación por la intención de concesionar el acueducto de la zona metropolitana de Guadalajara a empresas privadas durante 20 o 25 años. "Nos preocupa sobremanera que durante 20 o 25 años un privado tenga la llave del agua del área metropolitana de Guadalajara; no estamos hablando de una carretera, estamos hablando de un derecho humano que es el agua", sentenció Pérez Segura.
Asimismo, condenó la represión del pasado 11 de octubre, cuando ciudadanos que se manifestaban por la falta de agua fueron agredidos y detenidos. Ante estos acontecimientos, pidió que la Fiscalía General de la República (FGR) y la CNDH investiguen las violaciones a derechos humanos cometidas por el gobierno estatal.
La nueva Ley General de Armonización Catastral y Registral fue otro de los asuntos abordados al cierre de la reunión. El diputado Pablo Trejo y el concejal Roberto Candia desmintieron las campañas de desinformación y aclararon que la legislación no contempla incrementos al impuesto predial ni a las tasas de agua.
“El impuesto predial es facultad de los municipios y en la Ciudad de México no va a subir", afirmó Trejo. Añadió que la ley pretende regularizar la propiedad de millones de familias que no cuentan con escrituras, garantizar certeza jurídica y patrimonial y actualizar los catastros mediante fotogrametría aérea para evitar despojos.

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