Coparmex advierte que autoridades figuran entre principales fuentes de extorsión

En distintas entidades del país, autoridades o personas que se hacen pasar por funcionarios públicos forman parte de las principales fuentes de extorsión contra empresas, alertó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en medio de las denuncias por presuntos cobros indebidos, presión administrativa y actos de extorsión vinculados con dependencias del gobierno de Samuel García Sepúlveda en Nuevo León.

Micro, pequeñas y medianas empresas son las más afectadas por este fenómeno, señaló el organismo empresarial, que además advirtió sobre los efectos relacionados con incertidumbre jurídica y freno a las inversiones. Durante una conferencia realizada el 11 de mayo, el presidente nacional de Coparmex, Juan José Sierra, afirmó que el delito de extorsión “está desbordado” y sostuvo que, en ciertos casos, “la autoridad se convierte en un extorsionador”.

“Es el impuesto más alto que pagan las empresas hoy”, declaró Juan José Sierra al presentar cifras correspondientes al primer trimestre de 2026. El dirigente explicó que este delito representa un costo anual estimado en 15 mil millones de pesos, equivalente a 0.04% del Producto Interno Bruto (PIB).

Con un promedio diario de 32.4 casos, entre enero y marzo de 2026 se reportaron 2 mil 915 víctimas de extorsión en México, de acuerdo con cifras presentadas por la Confederación Patronal de la República Mexicana. Aunque el dato implica una baja marginal de 3.73% frente al mismo periodo de 2025, el organismo indicó que sigue tratándose del segundo nivel más alto registrado en los últimos 11 años.

El 97% de los casos no se denuncian o no derivan en carpetas de investigación, añadió la confederación. Asimismo, detalló que 68% de las extorsiones se realizan mediante llamadas telefónicas y que 31.2% corresponde a otras modalidades, incluidos los cobros de piso. Entre las empresas afiliadas que reportaron haber sido víctimas, 37% aseguró que el cobro fue realizado por autoridades o personas que aparentaban serlo.

Tres de cada 10 empresas afiliadas reportan inspecciones ilegales de autoridades municipales, estatales y federales, informó la semana pasada la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra), presidida por Jorge Santos Reyna. Las declaraciones se producen mientras en Nuevo León continúa creciendo la discusión sobre auditorías, inspecciones y presuntas presiones administrativas atribuidas al gobierno estatal encabezado por Samuel García Sepúlveda contra compañías privadas.

Dependencias como Protección Civil, Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Salud realizan revisiones similares sobre un mismo establecimiento, explicó la Caintra, situación que genera duplicidad de procesos, discrecionalidad y riesgos de clausura o extorsión. Ante ello, adelantó que promoverá una Ley de Procedimientos Administrativos para homologar criterios de inspección y reducir márgenes de interpretación discrecional entre empresas y funcionarios.

Retención de permisos, multas y cierres administrativos en municipios y dependencias estatales fueron denunciados además por empresarios del sector comercial durante la 142 Asamblea General Ordinaria y toma de protesta del Consejo Directivo 2026-2027 de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Monterrey, celebrada el 20 y 21 de marzo de 2026.

Una “creciente queja sobre funcionarios de los diferentes niveles de gobierno” que utilizan trámites, permisos y pagos como mecanismos de presión contra negocios y empresas fue denunciada en ese evento por el presidente de la Canaco de Monterrey, Jaime Herrera Casso.

“Imponen multas e incluso llegan al cierre del propio negocio para conseguir un beneficio personal”, declaró el dirigente ante representantes empresariales y autoridades estatales.

Presuntos actos de “extorsión institucional” relacionados con auditorías, clausuras y cobros derivados del impuesto ambiental estatal implementado en 2022 han sido denunciados desde 2025 por la empresa extractiva Materiales Triturados Martínez, ubicada en Cerralvo. El conflicto coincide además con las denuncias empresariales dirigidas contra el gobierno estatal encabezado por Samuel García Sepúlveda.

Luego de la difusión de audios donde presuntamente se menciona la solicitud de un “pago fuerte” para permitir la operación de la empresa, el caso aumentó de nivel. Después, legisladores locales solicitaron que la Fiscalía General de la República atrajera la investigación por la posible participación de funcionarios estatales. Frente a ello, el Gobierno de Nuevo León rechazó las acusaciones y afirmó que las acciones emprendidas corresponden al cumplimiento de obligaciones fiscales y ambientales.