Exfuncionario de Nayarit enfrenta detención en EE.UU. y posibles cargos migratorios

En Estados Unidos, el exsubfiscal y exmagistrado del Poder Judicial de Nayarit, Rodrigo Benítez Pérez, fue arrestado por motivos migratorios y se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Fuentes señalan que podría acogerse como testigo colaborador.

Las declaraciones del exfuncionario podrían aportar elementos sobre presuntas redes de corrupción y manipulación institucional que, según sus propias afirmaciones, operan dentro de la administración estatal.

Desde noviembre de 2024 se encuentra bajo investigación en México y fue desaforado por el Congreso estatal, lo que derivó en su separación definitiva del cargo. En paralelo, la FGR lo investiga por supuesta obstrucción de procesos vinculados con desapariciones forzadas, destrucción de pruebas y tráfico de influencias.

Las conductas señaladas habrían ocurrido entre 2017 y 2023, cuando dirigía la Investigación Ministerial en la Fiscalía estatal. Luego de su desafuero fue declarado prófugo, pero continuó publicando en redes sociales mensajes y documentos donde señalaba presuntos actos de corrupción, huachicoleo y abuso de poder.

El exmagistrado señaló directamente al gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, al fiscal Petronilo Díaz Ponce Medrano y a otros funcionarios por participar en presuntos actos ilícitos.

Entre octubre de 2024 y febrero de 2025, de acuerdo con Aristegui Noticias, interpuso denuncias ante la Fiscalía General del Estado contra esos actores por tentativa de homicidio, tortura y asociación delictuosa.

También relató que el 14 de octubre de 2024 fue atacado con una navaja tras salir de una reunión en el Poder Judicial, el mismo día en que la FGR solicitó su desafuero, y atribuyó los hechos al gobernador y a su círculo cercano.

Benítez considera que su persecución judicial y el atentado responden a su negativa de involucrar la Fiscalía estatal en fines políticos. Actualmente está detenido en el Centro de Detención Contractual Elizabeth, en Nueva Jersey, mientras el ICE y la FGR mantienen silencio sobre su situación legal.