Gobierno de México dará seguimiento técnico a planteamientos sobre la Laguna-Bahía de Ohuira

Como resultado de una mesa de diálogo en la que participaron autoridades federales, estatales y municipales, el Gobierno de México acordó una ruta de trabajo interinstitucional para atender los planteamientos presentados por comunidades indígenas, pescadores, organizaciones sociales y especialistas de la Laguna-Bahía de Ohuira y la región de Topolobampo, en Sinaloa.

La actividad pesquera, los procesos de consulta y participación, el acceso al agua y saneamiento, la protección de los ecosistemas costeros, la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), la conservación de sitios de importancia ambiental y otros temas relacionados con el desarrollo regional fueron algunas de las inquietudes planteadas por representantes comunitarios durante el encuentro realizado en Los Mochis.

Representantes de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Economía, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y autoridades del Gobierno de Sinaloa participaron en la reunión de trabajo.

La información, los estudios, las observaciones y las propuestas entregadas por las comunidades y especialistas serán revisadas en las siguientes mesas de trabajo, cuya continuidad fue acordada por las dependencias participantes.

Con el propósito de verificar las condiciones actuales de las obras y actividades desarrolladas en la zona, así como el cumplimiento de la normatividad ambiental correspondiente, la Profepa llevará a cabo una inspección actualizada.

Entre los acuerdos alcanzados también se encuentra el compromiso del Gobierno de México de buscar un diálogo con la empresa responsable del proyecto, además de garantizar el respeto al derecho de manifestación de las comunidades involucradas.

Las dependencias federales precisaron que las solicitudes presentadas durante la reunión deberán analizarse con base en elementos técnicos y legales, además de sujetarse al marco jurídico vigente antes de cualquier resolución.

“Ninguna autorización ambiental es un cheque en blanco. La responsabilidad de la autoridad es verificar permanentemente que las condiciones impuestas se cumplan y actuar cuando exista cualquier incumplimiento”, afirmó la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra.

Por su parte, el subdirector general de Administración del Agua de Conagua señaló que “la problemática de la Laguna-Bahía de Ohuira requiere una respuesta integral. Hoy nos vamos con tareas concretas y con el compromiso de seguir trabajando junto con las comunidades para atender sus preocupaciones”.

En tanto, el director del INPI, Adelfo Regino Montes, sostuvo que “solo el camino del diálogo es el bueno. Venimos a escuchar, a construir soluciones y a atender las preocupaciones legítimas de las comunidades”, mientras que la subsecretaria de Industria y Comercio, Ximena Escobedo, indicó que se trabajará con la comunidad para generar un desarrollo económico que atienda las vocaciones y condiciones de la región.

El diálogo permanente, la coordinación entre autoridades y la participación social fueron señalados por las instituciones participantes como elementos indispensables para avanzar en la protección ambiental, la conservación de los ecosistemas, el bienestar de las comunidades y el desarrollo regional. Bajo ese enfoque, el Gobierno de México reafirmó su compromiso de mantener abiertos los canales de comunicación y trabajo con las comunidades de la Laguna-Bahía de Ohuira.