Iniciativa de Sheinbaum plantea unificar criterios para investigar y sancionar el feminicidio

Con el propósito de establecer un mismo marco de actuación en todo el país frente al delito de feminicidio, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó y envió al Congreso de la Unión una iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, la cual también busca reforzar los derechos de las víctimas y de sus familias.

La mandataria explicó, durante su conferencia matutina, que la propuesta pretende evitar que los feminicidios sean clasificados de manera incorrecta al obligar a todas las fiscalías del país a actuar bajo criterios homologados. Indicó además que el proyecto incorpora acciones de prevención, educación, igualdad sustantiva y una investigación con perspectiva de género para fortalecer el combate a la impunidad.

Entre las disposiciones previstas figura una definición única del delito de feminicidio para todo el territorio nacional, además de diez razones de género que permitirán acreditar este ilícito, como antecedentes de violencia, agresiones sexuales, relaciones de poder y conductas derivadas de estereotipos de género. La iniciativa establece penas de entre 50 y 70 años de prisión y considera agravantes cuando la víctima sea periodista, defensora de derechos humanos, migrante, esté embarazada o viva con alguna discapacidad, entre otros supuestos.

Otra de las medidas incluidas consiste en declarar imprescriptible el delito de feminicidio y eliminar beneficios legales como la amnistía, la conmutación de penas y los criterios de oportunidad. Además, propone que quienes sean condenados pierdan derechos sucesorios, la patria potestad y cualquier cargo público.

Al detallar la propuesta, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, señaló que el objetivo es contar con un marco jurídico homogéneo para todas las entidades del país. A su vez, la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres informó que se reforzarán los protocolos de investigación con perspectiva de género y la intervención permanente de las fiscalías especializadas durante todo el proceso penal.

La iniciativa también incorpora nuevos derechos para las víctimas directas e indirectas, entre ellos atención médica, psicológica y jurídica especializada, además de la reparación integral del daño. Asimismo, contempla la creación del Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio, campañas permanentes de prevención y mecanismos de coordinación entre autoridades federales y estatales para combatir la violencia feminicida.