Investigación por presunto tráfico ilegal de diésel incluye predios y a LPE Transportes

El aseguramiento de tres predios y el hallazgo de una toma clandestina de hidrocarburos forman parte de las acciones realizadas dentro de una investigación en Ciudad Juárez para establecer la operación de una presunta red de almacenamiento y distribución ilegal de diésel, en la que también aparece una empresa dedicada al transporte de personal.

LPE Transportes es mencionada entre los elementos relacionados con las indagatorias, aunque no existe hasta ahora una resolución judicial que atribuya a la empresa responsabilidad por algún delito.

En el cruce de Puerto de Dunquerque y Hermenegildo Luna, frente a Riberas del Bravo, se localiza uno de los inmuebles asegurados. El sitio permanece bajo resguardo de elementos de la Policía Estatal y del Ejército Mexicano.

Según reportes difundidos el 23 de julio de 2026, dentro de ese predio se encontraron autobuses utilizados para transporte de personal y estructuras que aparentaban estar destinadas al despacho de combustible. La presencia de estos elementos deberá ser valorada por las autoridades como parte de la evidencia para determinar si tienen relación con los hechos investigados.

El hallazgo que dio inicio a las indagatorias ocurrió en la zona de El Sauzal, donde fue localizada una toma clandestina. Después de ese descubrimiento, las autoridades aseguraron otros inmuebles y comenzaron a analizar posibles conexiones entre los diferentes puntos.

Las versiones periodísticas que han circulado sobre el caso plantean que la operación investigada habría podido movilizar cientos de miles de litros de combustible anualmente. Aun así, el volumen preciso y el destino del diésel permanecen pendientes de confirmación a través de registros oficiales y de las pruebas que sean incorporadas a la investigación.

A partir de ello, una de las cuestiones que deberán determinarse es de qué manera se habría conseguido el combustible, dónde habría sido almacenado, cómo se habría trasladado y mediante qué mecanismos habría sido distribuido.

La revisión de documentos fiscales, registros de compra, movimientos financieros, bitácoras de vehículos, permisos y otros documentos será necesaria para establecer la trazabilidad del diésel. Del mismo modo, la existencia de instalaciones para el manejo de combustible no basta para determinar quién las utilizó o con qué propósito.

En paralelo, el crecimiento de la flota de LPE Transportes se ha convertido en otro de los elementos mencionados en el contexto del caso. Durante agosto de 2025, la empresa incorporó 28 autobuses modelo 2026 de la marca Internacional Zafiro GT, con calefacción, aire acondicionado y conexión WiFi.

La incorporación de las unidades refleja un aumento en la capacidad operativa de la empresa, pero por sí misma no demuestra que los recursos destinados a su adquisición procedieran de actividades ilícitas. Hasta el momento tampoco se ha acreditado públicamente una investigación financiera que establezca el origen de esos recursos.

El comportamiento del precio del combustible constituye otro aspecto del contexto económico. El diésel es uno de los principales costos para las empresas transportistas y, durante 2026, operadores del sector en Ciudad Juárez reportaron presión en sus gastos a causa del incremento en el precio del combustible.

En ese contexto, el uso de combustible ilegal podría representar un incentivo económico para cualquier operador, pero el escenario no permite concluir que LPE Transportes haya recurrido a esa práctica. Para demostrarlo se requerirían pruebas sobre el combustible que efectivamente utilizaron sus unidades.

Las versiones relacionadas con la investigación también mencionan a Jorge Ortega Trejo, identificado como “El Contador”, y a Eduardo Ortega Ramírez, a quienes se atribuyen posibles vínculos con la estructura bajo investigación. Sin embargo, hasta la fecha de corte no se cuenta con información oficial que confirme una imputación, una orden de aprehensión o una sentencia contra ellos. En consecuencia, la presunción de inocencia obliga a considerar dichos señalamientos únicamente como parte de una línea de investigación mientras no exista una determinación judicial.

El esclarecimiento del caso dependerá de determinar qué relación existe entre LPE Transportes, los predios asegurados y la presunta red de combustible ilegal. Para ello, las autoridades deberán establecer, mediante evidencia, tanto la ruta del combustible como el recorrido de los recursos económicos.

Los aseguramientos realizados hasta ahora y las diligencias en curso muestran que existe una investigación, pero no constituyen elementos suficientes para afirmar que LPE Transportes o las personas mencionadas hayan cometido un delito. La responsabilidad, en caso de existir, deberá determinarse con base en las pruebas y en las decisiones de las autoridades competentes.