Juez federal manda restituir a Gerardo Vargas como presidente municipal de Ahome

Un juez federal ordenó restituir de forma inmediata a Gerardo Vargas Landeros como presidente municipal de Ahome, al concluir que el procedimiento legislativo que derivó en su destitución vulneró derechos constitucionales. La resolución, emitida el 30 de julio, establece un plazo de 48 horas para que recupere el cargo con pleno acceso a sus atribuciones, salario y recursos institucionales.

La decisión deriva del juicio de amparo promovido por el propio Vargas Landeros, quien impugnó la declaratoria de procedencia que el Congreso de Sinaloa aprobó el 1 y 2 de mayo, a petición de la Fiscalía Anticorrupción estatal. Con base en esa declaratoria, el alcalde fue desaforado, separado del cargo y se declaró vacante la presidencia municipal.

De acuerdo con la sentencia, las autoridades responsables violaron principios constitucionales al ejecutar el procedimiento sin garantizar el debido proceso. El juez también ordenó respetar la voluntad ciudadana que otorgó el voto a Vargas Landeros para el periodo 2024 a 2027.

Durante los días siguientes a su destitución, tres personas distintas ocuparon provisionalmente la presidencia municipal. El Cabildo de Ahome nombró a la regidora Rosa Margarita Velázquez, pero su designación fue desconocida por el Congreso local, que colocó en su lugar a Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, cercano al gobernador Rubén Rocha Moya.

Regidores locales acusaron a Menéndez de ejercer presiones políticas y de advertir posibles destituciones a quienes no se alinearan con su gestión.

Este episodio se suma a antecedentes similares en la entidad. En 2022 y 2023, los alcaldes de Culiacán y Mazatlán, Jesús Estrada Ferreiro y Guillermo Benítez, respectivamente, también fueron removidos bajo señalamientos de corrupción, en procesos impulsados por instancias cercanas al Ejecutivo estatal.

El fallo establece que, en tanto no exista una sentencia firme en su contra, Vargas Landeros debe mantenerse en el cargo para el que fue electo. También subraya que las autoridades locales deben acatar la Constitución, respetar la soberanía municipal y los principios democráticos de la elección popular.