Litigio de Acapulco podría fijar nuevos límites a las auditorías estatales

La controversia constitucional promovida por el Ayuntamiento de Acapulco llegará el próximo lunes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde el Pleno analizará un proyecto de resolución que podría sentar un precedente para los municipios del país en materia de fiscalización de recursos federales.

La propuesta que discutirá el máximo tribunal sostiene que la Auditoría Superior del Estado de Guerrero no tenía facultades para revisar fondos de origen federal. Ese planteamiento coincide con la postura jurídica que el gobierno municipal encabezado por Abelina López Rodríguez defendió desde el comienzo del litigio.

El asunto rebasa el caso específico de Acapulco, pues la resolución abrirá el debate sobre el alcance de las atribuciones de las autoridades fiscalizadoras. En particular, pondrá a prueba el principio constitucional que establece que las instituciones públicas únicamente pueden ejercer las facultades que la ley les confiere.

Si el proyecto obtiene el respaldo de la mayoría de los ministros, la decisión establecerá un criterio sobre los límites de actuación de las auditorías estatales cuando se trate de recursos federales. Al mismo tiempo, reforzará las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación como la autoridad responsable de revisar el ejercicio de esos fondos.

De esta forma, el litigio dejaría de tener únicamente implicaciones para el Ayuntamiento de Acapulco y podría convertirse en una referencia para futuros casos relacionados con la distribución de competencias entre los órganos estatales de fiscalización y las autoridades federales, así como para la definición de los límites constitucionales en el ejercicio del poder público.