Magistrado del TEPJF plantea cambios de fondo al sistema de representación en San Lázaro

El magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata Pizaña, abrió el debate sobre la necesidad de reformar el diseño constitucional de la Cámara de Diputados, al señalar que el modelo vigente permite una discrepancia significativa entre el respaldo ciudadano expresado en las urnas y la conformación real del Congreso.

En la columna “Del voto al escaño: 10 ideas para mejorar la representación ciudadana en la Cámara de Diputados”, De la Mata sostuvo que la sobrerrepresentación de algunas fuerzas políticas vulnera el principio de igualdad del voto y debilita la función del Poder Legislativo como reflejo de la diversidad política del país.

El magistrado explicó que el problema no radica únicamente en la aplicación de fórmulas electorales, sino en un entramado normativo que facilita mayorías legislativas que no corresponden al porcentaje de votos obtenidos. Por ello, propuso revisar el sistema de representación proporcional con el objetivo de reducir dichas distorsiones.

Entre los ajustes sugeridos figura la reducción del número de diputadas y diputados, bajo el argumento de que el tamaño del Congreso mexicano supera el de otros parlamentos comparables. A ello se suma la reorganización de las circunscripciones electorales, ya sea mediante un esquema nacional único o a través de 32 circunscripciones estatales, como vía para contener los márgenes de sobrerrepresentación.

De la Mata Pizaña planteó también disminuir el tope constitucional de sobrerrepresentación del 8% al 2%, redefinir los criterios de redistritación y modificar la asignación de curules para que se consideren las coaliciones electorales, y no solo a los partidos de manera individual, con la finalidad de evitar la construcción de mayorías que no reflejan el voto efectivo.

El magistrado incluyó entre sus propuestas una regulación más estricta de las coaliciones, la incorporación legal del criterio de afiliación efectiva de las candidaturas, la revisión del umbral del 3% para la representación proporcional y el fortalecimiento de la paridad y las acciones afirmativas mediante su inclusión expresa en la Constitución y en la ley.

De acuerdo con el magistrado electoral, la corrección de estas distorsiones exige reformas constitucionales claras que impidan que cualquier fuerza política obtenga una representación legislativa superior al mandato ciudadano expresado en las elecciones.