Magistrado Felipe de la Mata llama a análisis técnico sobre empatar elecciones en 2027

Al advertir sobre mayores riesgos operativos, jurídicos y políticos, Felipe de la Mata Pizaña, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), señaló que adelantar la elección judicial para empatarla con la elección política de 2027 no generaría ahorros presupuestales, durante el IX Congreso Internacional de Derechos Humanos y Derecho Electoral en Aguascalientes.

Al advertir que la concurrencia de ambos procesos podría comprometer la claridad del proceso, la equidad entre candidaturas y la capacidad institucional de las autoridades electorales, llamó a abrir una discusión seria y técnica sobre la viabilidad de adelantar la elección judicial prevista para 2027 durante el panel “La elección al Poder Judicial: avances y retos”.

Como parte de los argumentos expuestos, señaló que la elección judicial requiere logística propia, materiales diferenciados, mecanismos específicos de capacitación y una operación adicional, por lo que calificó como equivocada la idea de reducir costos, ya que impediría cualquier ahorro real.

“Una elección judicial requiere condiciones específicas para garantizar que la ciudadanía pueda emitir un voto informado y libre. Adelantarla sin la preparación adecuada no abarata el proceso, sólo lo vuelve más complejo y riesgoso”, afirmó.

En cuanto a la operación conjunta, explicó que realizar ambos procesos de manera simultánea incrementaría los costos operativos, debido a la necesidad de casillas diferenciadas, mayor documentación electoral, más capacitación y mayores capacidades de fiscalización y resolución de controversias.

“No hay ahorro cuando se duplican las complejidades operativas”, subrayó.

La distribución de tiempos oficiales en radio y televisión para las candidaturas judiciales podría verse afectada por la coincidencia, advirtió en el plano jurídico, además de generar confusión entre el electorado por la concentración de propaganda y cargos en disputa.

Al referirse al contexto electoral, agregó que en 2027 se contempla la renovación de la Cámara de Diputaciones, 17 gubernaturas, congresos locales y más de mil ayuntamientos, lo que ya representa una carga significativa para el sistema electoral.

Sobre la operación institucional, indicó que la organización paralela de ambos procesos presionaría a las autoridades en tareas como fiscalización, capacitación electoral y resolución de impugnaciones, lo que podría afectar la eficiencia institucional y la certeza del proceso.

Finalmente, reiteró que cualquier ajuste debe hacerse con responsabilidad institucional, viabilidad operativa y respeto a los principios democráticos, y sostuvo desde una perspectiva política que aplazar la elección judicial permitiría fortalecer su legitimidad democrática, con mejor preparación de aspirantes, mayor información para la ciudadanía y un debate más amplio, en línea con la experiencia comparada que sugiere procesos escalonados.