Nuevos hallazgos reabren líneas del caso Ayotzinapa

El caso Ayotzinapa tomó cuatro nuevas rutas de investigación a partir del análisis de documentos y registros telefónicos que las autoridades realizaron sobre los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.

El trabajo permitió identificar 17 nuevos objetivos relacionados con posibles vínculos entre Guerreros Unidos, policías municipales y estatales, servidores públicos y personas vinculadas con funerarias.

Una de las líneas llevó a revisar la actividad de un teléfono que pertenecía a uno de los 43 estudiantes. En agosto de 2025 se estableció que el propietario de una funeraria utilizó ese aparato, dato que derivó en cateos en octubre de ese año.

En esas diligencias fueron localizados un fémur humano, un arma de fuego, documentación y un horno crematorio sin registro oficial. También se detectaron irregularidades en el funcionamiento del SEMEFO de Iguala.

Las autoridades realizaron nuevas búsquedas entre marzo y junio de 2026. Como resultado, recuperaron 23 indicios, incluidos cientos de fragmentos óseos, prótesis dentales, restos biológicos, cartuchos, casquillos y documentos. El material permanece bajo análisis, con participación del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), a petición de las familias.

Otra línea se desprendió del análisis de tres teléfonos de los estudiantes. El seguimiento de los usuarios posteriores a la desaparición derivó en una orden de aprehensión contra un exservidor público de Iguala, emitida el 24 de agosto de 2026 por delincuencia organizada y desaparición forzada.

En otro de los aparatos se detectó actividad de un policía municipal durante la noche de los hechos. Su posible participación forma parte de las investigaciones.

La tercera línea permitió identificar, mediante el reanálisis de los expedientes, a una persona que tenía 14 años cuando ocurrieron los hechos. Su declaración, rendida el 30 de julio de 2026, aportó elementos contra integrantes de Guerreros Unidos.

La cuarta pesquisa se centra en las videograbaciones de las cámaras del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero. Las autoridades buscan esclarecer cómo se ocultó ese material y qué funcionarios participaron en las decisiones relacionadas con su destino.

Esta investigación derivó en la detención de la exmagistrada presidenta y la exvisitadora del Tribunal. También aportó elementos para la detención del exgobernador de Guerrero, el 6 de agosto de 2026, por desaparición forzada de personas en agravio de los 43 estudiantes.

El Gobierno de México informó que trabaja con la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para incorporar especialistas internacionales.

Las autoridades señalaron que mantendrán la búsqueda de los estudiantes y profundizarán las investigaciones sobre las videograbaciones, las funerarias y el SEMEFO. También continuarán la atención a las madres y padres de los jóvenes.

En la conferencia participaron Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, y Mauricio Pazarán, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la Fiscalía General de la República (FGR).