Orden judicial reactiva a Matrimar; denuncia penal por extorsión a autoridades en Nuevo León

La presentación de una denuncia penal por presunta extorsión contra autoridades estatales fue anunciada por la empresa Materiales Triturados Martínez (Matrimar) de manera paralela a informar que obtuvo, por orden judicial, la reapertura de sus operaciones, en el contexto del conflicto con el Gobierno de Nuevo León tras el cierre de sus instalaciones durante tres meses.

La compañía expuso, a través de un comunicado dado a conocer el martes 25 de febrero, que la reapertura se concretó “haciendo valer el marco legal y sin intermediación alguna de la clase política estatal”, al precisar que el proceso se llevó a cabo “a través de las autoridades judiciales en el Estado”, después de tres meses de cierre injustificado.

La existencia de un expediente con evidencias fue el elemento señalado por Matrimar para sustentar la denuncia penal, la cual, según la empresa, permite “confirman el proceder ilegal de distintas autoridades de la clase política estatal”.

El impacto del litigio, afirmó la compañía, no se limita a la operación empresarial, sino que alcanza directamente a su fuerza laboral y a las comunidades donde tiene presencia. “Nuestra defensa jurídica va mucho más allá de un asunto comercial. Es, ante todo, una defensa a nuestra fuerza laboral… de preservar el arraigo de nuestros 500 colaboradores a sus comunidades”, indicó, al subrayar que los recursos legales buscan “proteger el ingreso de cientos de familias y evitar… que el actuar ilegal de políticos les obligue a migrar por falta de empleo”.

Las versiones que apuntan a presuntos adeudos fiscales o a irregularidades ambientales fueron rechazadas por la empresa, al sostener que dichos señalamientos buscan desviar la atención pública del conflicto central.

“Las falsedades expresadas públicamente… en el sentido que Matrimar opera en el área natural protegida o que debe impuestos, solo ratifican los intentos de desviar la atención sobre los actos de extorsión”, señaló.

El cobro de contribuciones ambientales y las clausuras aplicadas en meses recientes forman parte del fondo de la disputa con el Gobierno de Nuevo León. Mientras la administración estatal negó la existencia de extorsión y sostiene que sus acciones responden al cumplimiento de obligaciones fiscales y ambientales, el gobernador Samuel García cuestionó públicamente las resoluciones judiciales favorables a la empresa, al afirmar que el amparo obtenido “para mí no vale”, y reiterar que el caso sigue en litigio por presuntos adeudos.

La figura de un “acoso institucional” es como Matrimar define el caso que enfrenta, al asegurar que sus operaciones se encuentran dentro del marco legal.

“Mantendremos la defensa del empleo y el desarrollo regional. Lo haremos en tribunales, ante la opinión pública y ante cualquier instancia administrativa necesaria”, finaliza el comunicado.

La evolución del caso se produce en un escenario de creciente inquietud entre actores del sector productivo por la certeza jurídica en la entidad, a pocos meses de que Nuevo León sea sede del Mundial de la FIFA 2026.