Pedrera Matrimar acusa extorsión institucional del gobierno de Nuevo León

Tras la reapertura legal de sus instalaciones, la pedrera Matrimar, propiedad de los hermanos Martínez Gutiérrez, difundió dos comunicados en los que acusa al gobierno de Nuevo León de incurrir en una “extorsión disfrazada de acoso institucional”. La empresa afirma que el conflicto se originó luego de retomar operaciones, lo que permitió reactivar su actividad productiva y beneficiar a 500 familias en la región.

Aun después de dicha reapertura, según la empresa, el gobierno estatal habría intentado clausurar las instalaciones durante la madrugada, luego de que Matrimar se negara a realizar un pago que considera irregular. En los comunicados, la pedrera también rechaza señalamientos sobre pozos clandestinos y tomas ilegales de agua, y asegura haber sido auditada por autoridades ambientales federales y estatales sin que se detectaran irregularidades.

La empresa sostuvo: “Matrimar no cederá ante intentos institucionales de exigir pagos millonarios en efectivo al margen de la ley, conductas que están siendo perseguidas penalmente en el país”.

De acuerdo con la versión de la compañía, el conflicto se profundizó tras la entrada en vigor del llamado “impuesto verde” contemplado en la Ley de Ingresos 2022. Este gravamen aplica a emisiones contaminantes, descargas de agua y a la extracción de materiales pétreos como la piedra caliza, actividad fundamental para las pedreras. Matrimar señala que ha sido una de las empresas más afectadas, pese a cumplir con auditorías fiscales y ambientales.

La aplicación del “impuesto verde” generó controversia en Nuevo León. Durante 2024, la recaudación por la extracción de materiales pétreos alcanzó 1,162 millones de pesos; sin embargo, el destino específico de esos recursos no se encuentra claramente desglosado en informes públicos.

La Secretaría de Finanzas, encargada de administrar dichos fondos, no ha detallado cuánto se asigna a proyectos ambientales concretos. En entrevistas concedidas en 2024, el entonces secretario de Medio Ambiente, Alfonso Martínez, mencionó acciones generales como la plantación de árboles, labores de limpieza en el río Pesquería o una inversión de 23 millones de pesos en plazas y camellones, aunque reconoció no contar con cifras exactas ni con proyectos específicos. A partir de ello, diputados del PAN y del PRI han solicitado informes detallados y han señalado falta de transparencia.

Desde el ámbito empresarial, diversas compañías del sector han manifestado que las inspecciones y sanciones obedecen más a un enfoque recaudatorio que a criterios estrictamente ambientales. Fuentes empresariales consultadas describieron el escenario como un “asedio institucional” y vincularon el endurecimiento de las medidas fiscales con la necesidad de obtener recursos para proyectos de infraestructura relacionados con el Mundial de Fútbol 2026, para el cual Nuevo León será una de las sedes.

Estas acusaciones surgen en un contexto de mayor inquietud por las políticas fiscales del gobierno estatal. En diciembre de 2025, más de 60 cámaras y asociaciones del sector privado de Nuevo León, entre ellas COPARMEX Nuevo León, Caintra y la Cámara de Comercio, manifestaron su rechazo al aumento propuesto al Impuesto Sobre Nómina (ISN).

El ajuste al ISN, que elevó la tasa del 3% al 4% y fue aprobado en el Paquete Fiscal 2026, fue señalado por el sector empresarial como un golpe a la competitividad y una amenaza para los empleos formales. Jorge Santos Reyes, presidente de Caintra Nuevo León, advirtió que el incremento impactaría principalmente a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), al aumentar los costos laborales y limitar la contratación.

“En este contexto adverso, los incrementos impositivos significan menos empleos, más informalidad y menor capacidad de crecimiento. El empleo formal es la principal fuente de movilidad social y bienestar para las familias nuevoleonesas”, subrayó Santos en un comunicado conjunto del sector empresarial.

A las inconformidades empresariales se suman señalamientos del sector transporte. A inicios de enero de 2026, la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM) denunció abusos por parte de elementos de tránsito municipal en distintas zonas del estado, al asegurar que estas prácticas de extorsión han provocado pérdidas económicas millonarias para los transportistas.