SCJN ratifica freno a revocación de mandato y auditorías estatales contra alcaldesa de Acapulco

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sostuvo las medidas cautelares que impiden al Congreso de Guerrero y a la Auditoría Superior del Estado intervenir en procesos de revocación de mandato y en auditorías locales contra la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, relacionados con recursos de origen federal.

Al resolver los recursos de reclamación, el pleno del máximo tribunal validó la admisión de las controversias constitucionales 174/2025 y 176/2025 promovidas por el ayuntamiento, y rechazó los argumentos de las autoridades estatales que buscaban dejar sin efectos las suspensiones concedidas.

En el proyecto aprobado, el ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía explicó que las medidas cautelares resultan procedentes debido a la naturaleza de los fondos en revisión. “Existe apariencia del buen derecho y peligro en la demora debido a que las responsabilidades señaladas derivan de la fiscalización de recursos federales, como las aportaciones del FISMDF, cuya revisión compete exclusivamente a la Auditoría Superior de la Federación y no a las autoridades locales”.

Las controversias fueron promovidas por el municipio de Acapulco, por conducto del síndico Miguel Jaimes Ramos, con el propósito de preservar la autonomía financiera municipal y asegurar que la revisión de la Cuenta Pública 2023, en especial de los recursos del Ramo 33 y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), se realice conforme al marco constitucional.

En el caso específico de la controversia 176/2025, el Congreso estatal impugnó la suspensión relacionada con un procedimiento de revocación de mandato impulsado por el ciudadano Ramiro Solorio. La Corte mantuvo la protección y subrayó que la suspensión no representa un beneficio individual para la alcaldesa, sino una garantía institucional a favor del municipio.

Con esta decisión, la SCJN reiteró que la fiscalización de recursos federales corresponde únicamente a la Auditoría Superior de la Federación, y delimitó la actuación de las autoridades locales, en defensa de la autonomía municipal y del orden constitucional.