Señalamientos por caso Matrimar y reclamos empresariales tensan relación con autoridades en Nuevo León

A partir de señalamientos del sector privado sobre presuntas irregularidades, el conflicto entre el gobierno de Nuevo León y la empresa Materiales Triturados Martínez (Matrimar) se colocó como eje de tensiones, en un entorno donde también se reportan afectaciones a diversas actividades económicas.

Como antecedente, la disputa con la compañía extractiva ubicada en Cerralvo inició en 2025 tras inspecciones, auditorías y clausuras vinculadas al impuesto ambiental vigente desde 2022, el cual grava emisiones contaminantes, descargas y la extracción de materiales pétreos.

Según documentos emitidos por la Tesorería estatal, Matrimar sostiene que ha cumplido con sus obligaciones fiscales y ha obtenido suspensiones judiciales federales que han detenido cierres de sus operaciones; en contraste, autoridades estatales han señalado la existencia de adeudos millonarios por contribuciones ambientales.

Luego de que se difundieran audios en los que se menciona la solicitud de un “pago fuerte” para permitir la continuidad de actividades, el caso tomó mayor alcance y derivó en denuncias por presunta extorsión; el Congreso local solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) atraer el asunto, mientras la empresa indicó afectaciones a cerca de 500 familias vinculadas a su operación.

En medio de este contexto, organismos empresariales comenzaron a visibilizar reclamos sobre prácticas que consideran irregulares en la gestión de trámites y supervisiones, mientras la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Monterrey advirtió que establecimientos han enfrentado retención de permisos, multas y cierres administrativos.

Al asumir durante la toma de protesta de su Consejo Directivo 2026-2027, su presidente, Jaime Herrera Casso, señaló que existe una “creciente queja” en el sector y afirmó que hay funcionarios que “se valen del coto de poder que les da la capacidad de retener algún permiso, trámite o pago, o bien la imposición de alguna multa, incluso llegar al cierre del propio negocio para conseguir un beneficio personal”.

Ante autoridades estatales, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Nuevo León reportó la existencia de solicitudes de aportaciones indebidas, además de obstáculos en procesos administrativos y cobros considerados ilegítimos por parte de quienes se identifican como servidores públicos.

Frente al gobernador Samuel García, estos planteamientos se expusieron mientras el mandatario destacó avances en materia de seguridad e inversión, sin emitir una respuesta directa a los señalamientos formulados por representantes del sector privado.

Durante enero de 2026, en el sector transporte, la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) reportó cobros indebidos por parte de agentes de tránsito y operadores de grúas en municipios del área metropolitana, incluyendo la exigencia de 20 mil pesos para liberar un tráiler retenido y pérdidas superiores al millón de pesos tras su traslado a un corralón.