Sheinbaum pide aclarar licitación de vales tras denuncias por retrasos

Por dudas en la entrega y en las condiciones económicas del proceso, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno presentar un informe sobre la revisión en curso de la licitación de vales electrónicos de despensa para trabajadores federales.

Los retrasos detectados en la distribución de tarjetas fueron mencionados por la mandataria durante su conferencia matutina, incluidos los registrados recientemente en el ISSSTE y otras dependencias, lo que podría afectar la dispersión oportuna de esta prestación de fin de año.

Servicios Broxel resultó adjudicataria del procedimiento LA-06-400-006400001-N-19-2025 con una bonificación total de 5.76 por ciento, producto de la suma del descuento de referencia de 2.75 por ciento fijado por la Secretaría de Hacienda y el 3.01 por ciento ofrecido por la empresa, esquema que, según estimaciones oficiales, representaría un ahorro cercano a 600 millones de pesos para el gobierno federal.

La viabilidad del esquema fue cuestionada cuando, en la “mañanera”, se denunció que la valera habría sostenido que la bonificación total prevista en el fallo no resulta viable como modelo de negocio y que solo podría aplicar el descuento del 3.01 por ciento, lo que generó dudas sobre el apego a las condiciones originalmente aprobadas.

Para aclarar esta situación, Sheinbaum solicitó a la titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, o en su caso a la Subsecretaría de Egresos, dar a conocer este mismo martes el estado actual de la revisión y las determinaciones correspondientes.

Dentro de la compra consolidada de vales de despensa, el contrato tiene un valor de hasta 10 mil 300 millones de pesos y está destinado a cerca de 700 mil trabajadores de 224 dependencias federales, posicionándose como uno de los procesos de mayor peso presupuestal y operativo del cierre fiscal.

Las denuncias que activaron la revisión advierten posibles inconsistencias técnicas en la licitación, riesgos en los plazos para la dispersión de 724 mil tarjetas en más de 2,200 puntos del país y dudas sobre el cumplimiento de las condiciones económicas establecidas en el fallo.