Vinculan a la alcaldesa de León con contratos millonarios a su arquitecto particular

Las adjudicaciones por más de 3.5 millones de pesos del ayuntamiento al arquitecto de su residencia privada coincidieron con la edificación de la vivienda, valuada en más de 15 millones de pesos. Por ese motivo, la presidenta municipal de León, Guanajuato, Alejandra Campos, es objeto de señalamientos por posible conflicto de intereses y por presunta corrupción y tráfico de influencias.

Como responsable del diseño y construcción de la casa de Alejandra Campos en el fraccionamiento Santa Brígida, el arquitecto Octavio Humberto Aguilar Salmerón coincidió en el tiempo con su papel de representante de TerraLab Consulting S.A. de C.V., beneficiada con diversos contratos municipales para mantenimiento de viveros y áreas verdes.

Por 580 mil pesos, el DGJA-CPS-004-2023 fue firmado por Susana Mendoza (entonces titular de Medio Ambiente); por 166 mil pesos, el DGJA-CPS-004-2024 fue suscrito por Jaime Samperio Vázquez. Ambos se concedieron durante el periodo en que Aguilar Salmerón trabajaba en la residencia particular de la alcaldesa.

Destinado a mantenimiento especializado, el SE-435024, firmado por Samperio Vázquez, asciende a 1 millón 466 mil 325 pesos; el SE-433024, por 1 millón 221 mil pesos, rige del 13 de marzo al 31 de diciembre de 2024 para mantenimiento del vivero municipal; y el SE-264024, por 143 mil 247 pesos, corresponde a mantenimiento de áreas verdes. Las cifras y fechas de las adjudicaciones están registradas en el portal de transparencia del gobierno municipal.

La pertenencia de Aguilar Salmerón al Consejo Ciudadano del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), responsable de definir las políticas de desarrollo urbano de León, le brindó acceso a información sobre proyectos y decisiones del mismo ramo; adicionalmente, fungía como contratista y arquitecto particular de la alcaldesa.

Según declaraciones de la alcaldesa al diario AM, Aguilar Salmerón ejecutó el 85% de la construcción de su vivienda. También aceptó que el arquitecto laboraba simultáneamente para ella, para el gobierno municipal en obra pública y como consultor en desarrollo urbano, al configurar un triple conflicto de intereses.