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Las 32 entidades federativas del país deben tener conformados sus Sistemas Anticorrupción, para que avancen en las tareas que tengan que desarrollar, sostuvo el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación, Víctor Manuel Andrade Martínez.
Durante su participación en el ciclo de conferencia “Sistema Nacional Anticorrupción, Evaluación, Retos y Perspectivas”, organizado por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal (INDEPAC), destacó que el Sistema Nacional Anticorrupción es un tema cuyos resultados quizá no se vean de forma inmediata, pero se debe tener la confianza en que poco a poco tendrán efecto en el combate anticorrupción.
Por su parte, el Director General del INDEPAC, y ex Sub procurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, Mario Ignacio Álvarez Ledezma, expresó que pese a los avances, aún hay pendientes importantes para que el Sistema Nacional Anticorrupción termine de consolidarse y pueda concretarse el cambio que se requiere.
“Un primer pendiente tiene que ver con las designaciones de los titulares de algunas instancias clave del SNA. Por un lado, el nombramiento del Fiscal Especial de Combate a la Corrupción, la autoridad titular en la investigación persecución de los delitos de corrupción”.
Éste nombramiento, puntualizó, debe acompañarse de una reflexión profunda sobre un nuevo modelo de procuración de justicia, para que los delitos que se cometan, incluidos los de corrupción, se investiguen y persigan de forma adecuada y efectiva.
Otro de los asistentes, Fernando Blumenkron Escobar, titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control de PROSPERA, aseguró que en las próximas elecciones, los candidatos son los que juegan un papel importante y no sus partidos.
En el encuentro, Manuel Hallivis Pelayo, Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dio detalles del esquema del Sistema Nacional Anticorrupción y especificó cuatro ejes funcionales con los que cuenta el sistema que son la ASF, la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal Federal de Justicia Penal y Administrativa.
“Los dos primeros realizarán la investigación, la detección y prevención del delito, y los segundos tienen a su cargo llevar a buen puerto la sanción desde el punto de vista del derecho administrativo sancionador, en la figura del Tribunal, que se basa en hacer cumplir las leyes aun contra la voluntad del destinatario, y desde el punto de vista penal que sería la Fiscalía Anticorrupción”.
Además, señaló que la corrupción es un flagelo que hace que los precios sean más caros, que los productos lleguen retrasados, que las filas sean más largas, que se pierdan oportunidades de trabajo y que sea más complicado emprender en un mercado tan competitivo.
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