Acusan manipulación del OIC del ISSSTE en licitación de limpieza

Según la denuncia interpuesta por la Asociación de Ciudadanos Unidos para Erradicar la Corrupción (ACUEC), Luis Antonio García Calderón, titular del Órgano Interno de Control (OIC) del ISSSTE, favoreció a empresas que no cubrieron los requisitos técnicos exigidos en la contratación de limpieza identificada como LA-51-GYN-051GYN005-N-33-2025.

De acuerdo con el escrito ingresado en la Oficialía de Partes durante la primera semana de agosto, García Calderón habría instruido a las funcionarias del Área de Responsabilidades del OIC, Janet Citlali Ramírez y Guadalupe Montserrat Ángeles Gómez, para orientar el fallo hacia la propuesta conjunta presentada por Armot Seguridad Privada y Servicios Institucionales, así como por Aseo Privado Institucional.

Entre los motivos señalados, se destaca la omisión de información financiera obligatoria: “La documentación presentada no está completa, pues la misma no adjuntó ni contiene los estados financieros que la integran y que marca la ley para poder considerar el documento solicitado como completo”.

A petición de las compañías referidas, plantea la ACUEC, el fallo se habría repetido sin llevar a cabo una nueva evaluación legal ni técnica, circunstancia que, a juicio de la organización, supuso una ventaja indebida para las proveedoras de limpieza.

En etapas previas del concurso, el ISSSTE ya había desechado la oferta de Armot Seguridad Privada con fundamento en el inciso I) del numeral 10.15, que prevé el rechazo cuando exista información que genere inconsistencias o dudas sobre la prestación del servicio; entonces, la institución advirtió que la cotización no contemplaba costos indirectos de insumos, maquinaria ni equipo para el personal.

También consta en el registro histórico de licitaciones que la propuesta de Armot del año pasado resultó mil 336 pesos más alta que la presentada en 2025.

La organización solicitó que, “una vez comprobada la manipulación dolosa en que incurrieron los funcionarios responsables”, se impongan sanciones administrativas y, adicionalmente, se investigue la situación patrimonial de los servidores públicos involucrados para determinar si existió la recepción de algún beneficio económico.