Bajo la lupa INDAABIN por concentrar el control de 600 millones de pesos en servicios federales

La Dirección de Administración del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) solicitó concentrar los accesos financieros que operaban las Administraciones Únicas regionales, al poner bajo cuestionamiento interno el control de más de 600 millones de pesos destinados a servicios en inmuebles del gobierno federal.

Limpieza, seguridad, fumigación y jardinería son servicios permanentes requeridos en los Inmuebles Federales Compartidos (IFC), espacios donde conviven diversas dependencias y cuyos recursos han sido ejercidos históricamente por las Administraciones Únicas responsables de su operación.

Un proceso para centralizar el control de esos accesos financieros en el área administrativa central comenzó a plantearse al interior del instituto hacia el cierre del año 2025.

El oficio DGAPIF/2903/2025, emitido el 3 de diciembre de 2025 y firmado por Álvaro Lomelí Covarrubias, director general de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal, fue dirigido a la Dirección de Administración, Operación y Mantenimiento de Inmuebles Federales Compartidos como parte de dicha estrategia.

En el documento se demanda que las Administraciones Únicas entreguen todos los usuarios, contraseñas, dispositivos electrónicos, tarjetas físicas o digitales y cualquier herramienta utilizada para disponer de recursos económicos vinculados a la administración de los IFC.

Fortalecer los mecanismos de transparencia y control en el manejo de los recursos financieros de los inmuebles federales compartidos es el objetivo que justifica la solicitud, según lo expuesto en el propio oficio.

Fuentes del instituto que encabeza Pablo Escalona Almeraya advierten, sin embargo, que la falta de mecanismos de rendición de cuentas en el manejo de estos recursos se percibe como una oportunidad para centralizar las decisiones sobre los contratos de operación de inmuebles para 2026.

La información debía remitirse por paquetería a más tardar el 8 de diciembre de 2025, según establece además el documento, el cual precisa explícitamente que no se autorizarían prórrogas para cumplir con la entrega.

Correspondería a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Raquel Buenrostro valorar si el proceso se ajustó plenamente al marco normativo y determinar si es necesaria una revisión formal para garantizar la transparencia en la administración de los recursos federales, consideran voces internas.