Cuautitlán y Tultitlán bajo cuestionamientos por red política ligada a hermanos Reyna Carrillo

Los nombres de César Alejandro y Diego Alberto Reyna Carrillo, hijos de la alcaldesa de Cuautitlán, Juana Carrillo Luna, figuran en reportes periodísticos y testimonios ciudadanos que los señalan como parte de un entramado político-administrativo cuestionado en los municipios de Cuautitlán y Tultitlán.

César Alejandro se desempeñó como administrador General de Comunicaciones y Tecnología de la Información en la Agencia Nacional de Aduanas de México. Su hermano Diego Alberto, actual presidente del DIF de Cuautitlán, ocupó previamente la Secretaría Técnica de la Oficina de Presidencia en Tultitlán, en la administración de Elena García Martínez.

Tras su salida, la oficina fue asumida por Erick Vega Chavarría, identificado como cercano a Diego y hoy coordinador general de la Oficina de Presidencia en Tultitlán, bajo la gestión de Ana María Castro Fernández.

De acuerdo con testimonios difundidos en medios locales, entre ambos municipios operaría un mecanismo en el que se suspenden obras de fábricas, naves industriales y centros comerciales, hasta que las empresas entreguen aportaciones millonarias al Ayuntamiento con la justificación de destinarlas a infraestructura.

Aunque esos recursos se registran formalmente como ingresos públicos, las mismas versiones apuntan a que la ejecución de proyectos termina en manos de empresas vinculadas con el grupo político señalado, lo que complica la trazabilidad de los contratos.

El esquema ha generado críticas hacia la gestión municipal de Cuautitlán y hacia Morena, partido que postuló a Juana Carrillo. Los señalamientos apuntan al nepotismo y a la concentración de puestos clave en familiares y allegados, lo que provoca cuestionamientos sobre el uso de recursos.

No existen procesos judiciales abiertos de manera pública, pero la controversia se conecta con los antecedentes de César Alejandro, quien en 2022 fue mencionado en informes de la Secretaría de la Defensa Nacional por presuntamente manipular el semáforo aduanero para extorsionar importadores y agentes aduanales.

Pese a que las denuncias llegaron a instancias federales, los funcionarios involucrados únicamente fueron destituidos. Estos hechos, sumados a los señalamientos actuales, fortalecen la percepción de falta de transparencia en la gestión de recursos públicos en Cuautitlán y Tultitlán.