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Entre fallas técnicas y contratos millonarios crece la desconfianza por el sistema de tarjetas Broxel en Jalisco

  • hace 6 días
  • 2 Min. de lectura

La implementación de la nueva tarjeta de vales operada por Broxel en Jalisco provocó inquietud entre policías estatales, luego de que la empresa avisó sobre un periodo de mantenimiento que dejaría inactivos tanto el plástico como su plataforma digital durante la madrugada. El anuncio, lejos de disipar dudas, reactivó temores asociados a fallas previas con otros proveedores y al resguardo de datos personales, según información publicada por Periódico Mural.


La compañía informó que efectuaría trabajos técnicos entre las 00:00 y las 5:00 horas, lapso en el que no sería posible utilizar la tarjeta ni acceder al portal web. Además, pidió a los usuarios anticipar consultas de saldo o dispersiones.


Para varios elementos de la corporación, el mensaje trajo a la memoria lo ocurrido con Saymoc, operadora de las tarjetas vinculadas a BZ Capital. En ese episodio, fallas en el sistema derivaron en bloqueos que impidieron a los policías disponer de sus recursos. De acuerdo con testimonios recabados entonces, la comunicación institucional resultó deficiente y el contrato concluyó con su cancelación por presuntas irregularidades. Hasta la fecha, persisten interrogantes sobre el destino de alrededor de 480 mil pesos correspondientes a saldos de los uniformados.


Las quejas no se limitan a los antecedentes. Usuarios señalaron que la tarjeta de Broxel no funciona en todos los establecimientos si antes no se habilita una opción específica en la aplicación móvil. También manifestaron reservas frente a la solicitud de información personal adicional para operar el servicio.


El malestar alcanzó otros sectores. El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara (STAUdeG) aconsejó a sus agremiados abstenerse de proporcionar datos extra a través de la aplicación o del portal de la empresa. No obstante, precisó que el esquema no contempla cobro de comisiones ni para los trabajadores ni para la institución.


El contexto coincide con cuestionamientos públicos recientes en torno a la participación de Broxel en diversos programas estatales. Reportes periodísticos refieren indagatorias federales relacionadas con la operación de la Tarjeta Única en Jalisco, instrumento empleado para el pago de servicios y la entrega de apoyos gubernamentales.


A ello se suman estimaciones difundidas en medios nacionales que calculan que el modelo de cobro por transacción en el sistema de transporte podría representar ingresos de hasta 16 millones de pesos mensuales para la firma.


Especialistas en administración pública y protección de datos advierten que la expansión de plataformas financieras privadas en la gestión de recursos públicos exige claridad contractual, mecanismos estrictos de protección de información personal y reglas precisas sobre comisiones y responsabilidades.


En el fondo, la preocupación de policías y otros trabajadores del sector público se concentra en dos puntos: certeza en el acceso a sus ingresos y garantías reales sobre la seguridad de su información. La creciente intervención de intermediarios privados en la dispersión de prestaciones mantiene abierto el debate sobre supervisión, rendición de cuentas y transparencia en el uso de recursos públicos.

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