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A casi 60 días de haberse suspendido las actividades en la planta de Bebidas Mundiales, filial de ARCA Continental, dueña de la embotelladora de la Coca Cola, los trabajadores exigieron a su sindicato que finalice el bloqueo ilegal a la planta, pues desde el 15 de febrero fue declarada la huelga como improcedente por las autoridades federales.
Como acordaron ayer en la asamblea realizada, el día de hoy los trabajadores que no están de acuerdo con el bloqueo acudieron con su líder sindical, Juan Villafuerte Morales, a exigirle que retire la supuesta huelga.
Le entregaron una carta y las firmas de cerca de 300 trabajadores sindicalizados que si quieren trabajar para demostrarle que son mayoría y deben ser tomados en cuenta.
Más de 250 empleados celebraron una asamblea donde suscribieron un punto de acuerdo, que fue entregado al dirigente. En las últimas semanas el conflicto se ha agravado sin que los paristas tengan algún sustento legal para mantener el bloqueo.
Los trabajadores agraviados fueron categóricos: “Somos más los que sí queremos trabajar” y denunciaron amenazas y acoso tanto de los paristas como del personal del sindicato. En la misiva entregada al dirigente sindical también solicitaron su intermediación para liberar los autos que llevan dos meses atrapados dentro de las instalaciones de la empresa.
En otro punto destacaron la necesidad de permitir el relevo periódico del equipo de seguridad de la planta, al cual no se le ha permitido salir tras el inicio del bloqueo.
El documento fue certificado ante notario público y esperan respuesta inmediata a sus peticiones pues la radicalización y conflictos generados en las últimas semanas han puesto en riesgo la viabilidad de la planta en la ciudad, lo que los dejaría permanentemente sin empleo.
Los trabajadores expresaron que son una gran mayoría quienes sí quieren regresar de inmediato a laborar por estar en desacuerdo con las causas del paro. En recientes fechas ya hubo un enfrentamiento y el reto que la asesora legal de los paristas, Susana Prieto, lanzó al Presidente Andrés Manuel López Obrador, y al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, para hacer uso de la fuerza contra los trabajadores.
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