FGR acusa por uso ilícito de atribuciones a ex tesorero del IPN e ISSSTE

Por la adjudicación de contratos de insumos médicos por más de 11 millones de pesos a una empresa considerada fantasma, la Fiscalía General de la República (FGR) acusó ante una jueza federal a Javier Tapia Santoyo, ex secretario de Administración y Finanzas del Instituto Politécnico Nacional (IPN), hechos que se remontan a su gestión como tesorero del Hospital 20 de Noviembre del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Como parte de una serie de indagatorias por presuntos actos de corrupción, esta investigación es la primera de varias abiertas en su contra y derivó en su destitución del IPN el año pasado, medida que se ejecutó por instrucciones de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

De acuerdo con autoridades judiciales, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción judicializó la carpeta FED/FECC/UNAI-CDMX/0000530/2019 contra Tapia Santoyo y otros dos ex funcionarios del ISSSTE, a quienes se les imputa el delito de uso ilícito de atribuciones.

En 2018, durante la audiencia inicial celebrada el 27 de febrero ante la jueza Patricia Sánchez Nava en el Centro de Justicia Federal del Reclusorio Oriente, los fiscales expusieron que se adjudicaron tres contratos a la empresa Interacción Biomédica por un monto total de 11 millones 147 mil pesos, a pesar de que desde un año antes la compañía figuraba en el listado del Servicio de Administración Tributaria (SAT) como simuladora de operaciones.

Desde el punto de vista procesal, esta es la segunda ocasión en que la FGR presenta cargos, luego de que la carpeta de investigación fuera devuelta previamente para subsanar aspectos normativos.

Respecto a la situación jurídica del ex funcionario, la defensa solicitó la duplicidad del plazo constitucional para que se determine si es vinculado a proceso, resolución que quedó programada para el 4 de marzo.

En contraste con esa solicitud, los otros dos imputados, María Dolores Arellano Sesmas y Rodrigo Alberto Rodríguez Briceño, optaron por no ampliar el plazo. La jueza consideró que existían datos de prueba suficientes para vincularlos a proceso por el mismo delito y les impuso como medidas cautelares la prohibición de salir del país y la obligación de firmar periódicamente.

En cuanto a los perfiles administrativos, Arellano Sesmas se desempeñaba, al menos hasta octubre, como titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, mientras que a principios de febrero también fue vinculada a proceso Cecilia Guadalupe Orta Sosa, administradora única de Interacción Biomédica, por su presunta participación en el esquema.

En diciembre de 2023, la organización civil TOJIL dio a conocer la investigación “Clan Biomédica”, en la que documentó presuntos vínculos contractuales y empresariales entre Tapia Santoyo y una red de 84 empresas fachada encabezada por Interacción Biomédica S.A. de C.V., señalada como una de las compañías simuladoras de operaciones que más recursos públicos habría recibido, con más de 3 mil 300 millones de pesos.

Según dicha indagatoria, las adjudicaciones a empresas de esa red habrían iniciado durante su paso por el ISSSTE y continuado posteriormente desde el IPN.

Finalmente, se informó que en 2022 la FGR abrió una carpeta de investigación por presunto enriquecimiento ilícito y otra por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita; no obstante, el ex funcionario permaneció en el cargo hasta 2025, cuando fue removido tras nuevas indagatorias por irregularidades.