Hermanos Echenique Casanova vuelven al ojo público por presunta corrupción

Los hermanos Carlos y Joaquín Echenique Casanova, dueños del Grupo Casanova, enfrentan nuevamente un escándalo. La Fiscalía General de la República (FGR) incorporó un video como evidencia central en la investigación contra Arturo Serrano Meneses, ex titular de su Órgano Interno de Control, y Carlos Enrique Rascón Yrízar, ex director del Área de Responsabilidades. Ambos están señalados de solicitar un soborno de 6 millones de pesos a un representante de Casanova Rent Volks, una de las divisiones del conglomerado.

Este caso revive la serie de irregularidades que persiguen al grupo desde hace años, acusado de sobrecostos, adjudicaciones directas y contratos incumplidos en arrendamiento vehicular con dependencias federales.

El grupo consolidó su presencia desde los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, periodo en el que concentró la mayoría de las contrataciones públicas en arrendamiento.

Registros oficiales muestran que durante la administración de Calderón, las divisiones Casanova Rent, Casanova Chapultepec, Casanova Vallejo y Casanova Rent Volks firmaron 138 contratos por más de 1,663 millones de pesos entre 2007 y 2012. Entre 2013 y 2018, Casanova Vallejo firmó 317 contratos adicionales con un valor superior a 6,495 millones de pesos con el gobierno de Peña Nieto, consolidándose como una de las arrendadoras más favorecidas de esa etapa.

En 2015, el senador David Monreal Ávila solicitó al Ejecutivo aclarar los contratos de la CFE con Casanova. Al mismo tiempo, 16 legisladores del PAN denunciaron ante la PGR un presunto fraude de 3,377 millones de pesos. Sin embargo, no se inició ninguna investigación.

Con la llegada de la 4T, el panorama cambió parcialmente. Aunque el grupo continuó obteniendo contratos, también enfrentó sanciones.

En 2022, la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó a Casanova Vallejo por 45 meses debido a irregularidades en la renta de ambulancias al ISSSTE. En 2023, la dependencia impuso otra suspensión de 30 meses por anomalías en nuevos convenios de arrendamiento.

En abril de 2024, el grupo logró un amparo definitivo que anuló la inhabilitación vigente, la cual le impedía contratar con el gobierno hasta 2026, y le permitió reincorporarse al padrón de proveedores federales.

Desde ese momento, el conglomerado firmó más de 80 contratos por más de 500 millones de pesos, incluyendo adjudicaciones en San Luis Potosí, Ahome y Culiacán, donde autoridades locales investigan presuntos daños al erario y simulación de operaciones.

Desde 2002, el grupo de los Echenique ha mantenido contratos por miles de millones de pesos con gobiernos de distintos signos políticos. Hoy, vuelve a aparecer en una carpeta penal que podría revelar los vínculos entre el poder público y una de las redes de arrendamiento más influyentes del país.