José Luis Moyá habría solicitado condiciones especiales en prisión

José Luis Moyá Moyá, autollamado zar de las solicitudes de información, buscaría un trato privilegiado en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, según fuentes del centro penitenciario; su detención por probable participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita está por cumplir un año.

José Luis Moyá, conforme a versiones, teme por su vida; asegura haber sufrido amenazas, agresiones físicas y un intento de homicidio perpetrado por otro interno.

La presión sobre las autoridades penitenciarias y la búsqueda de un trato preferencial es, según las fuentes consultadas, el fin de las quejas de Moyá, quien señala no haber recibido atención médica adecuada, pese a estudios, y habría solicitado cambio de celda, garantías de integridad y servicios médicos.

La reclusión data de octubre de 2024, cuando la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ejecutó una orden de aprehensión en su contra, después del anuncio realizado en 2023 por la entonces fiscal capitalina Ernestina Godoy sobre una investigación que incluía extorsión.

En YouTube circula un video relativo al caso Moyá Moyá que afirma documentar irregularidades financieras vinculadas presuntamente a él y a su familia; ahí se señala que Rosa María Moyá, madre del acusado, de 87 años, habría realizado transferencias millonarias sin actividad empresarial conocida.

Para 2020, ese material sostiene que la mujer manejó más de 11 millones de pesos sin justificación aparente; además, entre 2019 y 2021 habría efectuado siete operaciones bancarias por 5 millones 248 mil 957 pesos a Luis Ceferino Macías Noguera, identificado como su yerno, pese a carecer de actividad empresarial conocida.

Quince años de trayectoria lo ubicaron como figura de referencia en transparencia y anticorrupción, con récords de solicitudes de información y recursos de revisión y relación con periodistas y medios. No obstante, múltiples fuentes y testimonios señalan que habría lucrado con la información lograda por transparencia, usándola para fines personales o para extorsionar a empresarios y funcionarios.

El expediente público también enlaza su nombre con Óscar Guerra Ford, excomisionado del Instituto Nacional de Transparencia (INAI) que renunció tras el escándalo por el presunto uso de una tarjeta institucional en un table dance.

En 2006, Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, lo denunció por extorsión y difamación, al señalar que le pidió dinero a cambio de no dañar su imagen pública; en una entrevista reciente, indicó que no fue la única víctima.

Además, él mismo reconoció públicamente haber recibido pagos bajo nombres falsos en instituciones públicas. En su comparecencia de 2014, cuando buscaba ser comisionado del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), admitió que empresarios lo contrataban para presentar denuncias y solicitudes de información con el fin de intervenir en licitaciones públicas.

“Hay empresarios que me contratan cuando detectan que una licitación está dirigida a determinada empresa. Yo hago la solicitud de información y la denuncia. Si un empresario lo hace directamente, automáticamente lo vetan”.

Un juez, con base en las pruebas presentadas por el Ministerio Público, dictó la vinculación a proceso de Moyá Moyá y confirmó la prisión preventiva como medida cautelar; en consecuencia, permanecerá interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur mientras se resuelve su situación legal. Además, se ordenó inmovilizar sus cuentas bancarias para impedir movimientos de recursos presuntamente ilícitos.