Licitación de limpieza en el ISSSTE bajo sospecha por presunta intervención del OIC

El proceso de licitación pública para la contratación del servicio especializado de aseo, higiene y desinfección en los inmuebles y unidades médicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), identificado como LA-51-GYN-051GYN005-N-33-2025, fue cuestionado tras la denuncia contra Luis Antonio García Calderón, titular del Órgano Interno de Control (OIC), por su presunta intervención en el fallo.

En el marco del recurso de inconformidad 006/2025, la Asociación de Ciudadanos Unidos para Erradicar la Corrupción (ACUEC) interpuso una denuncia contra el titular del OIC. La denuncia, presentada ante Martín Rubio Millán, Director de Denuncias y Atención Ciudadana “A” del ISSSTE, también involucra a dos trabajadoras del Área de Responsabilidades, señaladas por su presunta intervención en el proceso.

La instrucción emitida por el OIC fue acompañada de una advertencia expresa de sanción a los funcionarios que no cumplieran con ella. En lugar de ordenar la reposición del fallo por las omisiones en la evaluación económica, el OIC decidió beneficiar a la empresa Armot Seguridad Privada y Servicios Institucionales, S.A. de C.V., instruyendo que fuera considerada solvente económicamente. Este incidente se resolvió el 21 de julio.

El rechazo de la propuesta de Armot se basó en el numeral 10.15, inciso L, de las bases de la licitación, el cual establece que cualquier oferta que presente “información que cause confusión, incertidumbre o contradicciones respecto al cumplimiento del servicio” será rechazada.

El fallo original del 12 de febrero adjudicó el contrato a Ocram Seyer, S.A. de C.V. y Wilk S. de R.L. de C.V., quienes presentaron una propuesta evaluada conforme a los criterios técnicos y económicos establecidos en las bases. Sin embargo, la determinación del OIC no solo infringe las funciones de la entidad contratante, el ISSSTE, dirigido por Martí Batres, sino que también vulnera los derechos de los demás participantes en el procedimiento.

Entre los detalles de la denuncia, se menciona que la empresa favorecida habría presentado una propuesta incompleta, con fallos como la falta de los estados financieros completos de 2023 y la inclusión de facturas canceladas para respaldar su capacidad técnica y de equipo. A pesar de estas omisiones, habría alcanzado una calificación técnica de 59 puntos sobre 60.

Al tomar la decisión de no revisar ni modificar los aspectos señalados, el OIC, según la organización, bloqueó la capacidad de la entidad convocante para llevar a cabo un análisis integral en la resolución del recurso de inconformidad.

Se solicita, además, hacer una revisión de la situación patrimonial de las funcionarias Janet Citlali Ramírez Estela y Guadalupe Montserrat Ángeles Gómez, quienes forman parte del Área de Responsabilidades del OIC. El documento las involucra por tener conocimiento de las inconsistencias sin haber intervenido conforme a la normatividad.

Luis Antonio García Calderón, con su posible intervención fuera de las atribuciones del titular del OIC, hace que la autoridad vigilante actúe como operador, lo que contraviene el principio de imparcialidad y legalidad que debe regir en los procedimientos administrativos.