Prohibición mexicana de vapeadores genera oportunidades para cárteles, señala exsecretario de Defensa de EE. UU.

Al referirse a la seguridad fronteriza, Mark T. Esper, exsecretario de Defensa de Estados Unidos, expuso que esta depende de una coordinación que contemple decisiones internas en México con el fin de limitar los ingresos de organizaciones criminales.

“La seguridad regional exige acción y responsabilidad compartidas por nuestros socios”, afirmó el especialista, al indicar que la cooperación bilateral necesita un alcance más amplio, y añadió que la prioridad estadounidense se enfoca en reducir la capacidad operativa de grupos que influyen en ambos países.

Si bien el entonces funcionario reconoció como avances la participación del gobierno de Claudia Sheinbaum en extradiciones, despliegue de personal y coordinación con autoridades estadounidenses, al mismo tiempo subrayó que ciertos factores estructurales continúan sin modificación.

En el texto aparecido en el medio de comunicación estadounidense USA Today, indicó que “la mayor amenaza reside en las leyes y políticas inconsistentes”, al hablar de marcos que permiten actividades ilícitas e insistir en que esos puntos tienen efectos en la capacidad financiera de organizaciones delictivas con presencia transfronteriza.

Para mostrar que algunos mercados tienden a migrar a circuitos informales, el exfuncionario utilizó el caso de los vapeadores y explicó que la prohibición completa en México genera incentivos para actividades fuera del comercio regulado.

La valoración directa del objetivo sanitario del gobierno mexicano no formó parte de la postura del exsecretario; por el contrario, Esper planteó una observación sobre efectos económicos que, en su opinión, actores ilícitos pueden aprovechar, al afirmar: “La prohibición entregó a los cárteles una lucrativa oportunidad de contrabando”.

En otras regiones, los acuerdos sólidos ofrecen modelos que, desde la perspectiva de Mark Esper, podrían replicarse en América del Norte, en línea con su planteamiento de que la cooperación regional requiere medidas regulatorias y económicas congruentes que limiten los espacios utilizados por grupos criminales.

Sostuvo que “la cooperación no puede detenerse en el intercambio de inteligencia” y concluyó que solo habrá un avance duradero si México toma una decisión interna sobre el margen de operación de organizaciones delictivas, mientras Estados Unidos mantiene apoyo y solicita acciones definidas.