La propuesta de modificar la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2016, con el fin de integrar tecnología de radiofrecuencia (RFID) a placas metálicas, calcomanías de identificación y tarjetas de circulación en México, generó un debate en el país.
Esta iniciativa liderada por el director del Registro Público Vehicular, Dr. Javier Ulises Miranda Nieto, bajo el nombre de NOM-001-SICT-2-2024, generó preocupaciones significativas entre diversos sectores.
Los expertos en la materia han expresado su preocupación sobre los altos costos asociados, la falta de transparencia en la implementación y los riesgos potenciales para la privacidad de los usuarios.
Los expertos señalan que la inclusión de chips RFID podría incrementar significativamente los costos de producción, lo que resultaría en un aumento considerable en el precio de las placas y tarjetas de circulación, impactando directamente a los usuarios y contribuyentes.
Además, existe inquietud sobre la vulnerabilidad de la privacidad de los usuarios, ya que los chips RFID podrían ser susceptibles a intervenciones y extracciones de datos, potencialmente violando la Ley de Protección de Datos Personales.
Según la propuesta, serían los estados y otros emisores de placas los responsables de realizar las inversiones en equipos para la grabación de los chips. Sin embargo, los expertos advierten que esto podría resultar en largas filas y molestias para los usuarios, además de comprometer la efectividad de los chips debido a la disponibilidad de equipos que podrían inhibir su funcionamiento.
Aunque el Dr. Miranda ha mencionado que la implementación de la tecnología RFID responde a una petición de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad, esta afirmación no ha sido confirmada oficialmente.
Con millones de conductores mexicanos potencialmente afectados, la propuesta se encuentra sometida a un escrutinio minucioso por parte de expertos, usuarios y autoridades competentes. La decisión final sobre la viabilidad y aprobación de la NOM-001-SICT-2-2024 se encuentra en proceso y es objeto de un amplio debate en el sector público y privado.
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