Socios de Congesa exigen auditorías y denuncian presunto desfalco en corredor de transporte

Cerca de un centenar de accionistas de Corredor Nueva Generación (Congesa), concesionaria que opera el Corredor Circuito Interior de la Ciudad de México, denunciaron un presunto esquema de fraude que habría afectado durante años a socios que invirtieron sus ahorros y patrimonio en la empresa, en su mayoría personas adultas mayores.

Las acusaciones fueron dirigidas contra José García Lagunas, quien se presenta como presidente del Consejo de Administración de Congesa. Los inconformes aseguran que diversas decisiones tomadas por la administración provocaron pérdidas económicas, desaparición de utilidades y un deterioro financiero que actualmente mantiene a numerosos socios sin ingresos y sin claridad sobre el manejo de los recursos.

Con base en información publicada por El Financiero, los accionistas sostienen que la concesionaria dejó de entregar ganancias pese a mantener operaciones activas en una de las rutas de transporte más importantes de la capital del país. También denunciaron que la administración ocultó información financiera y realizó movimientos patrimoniales sin autorización de la asamblea.

Entre los principales señalamientos figura la presunta venta irregular de autobuses propiedad de la compañía. Los socios afirman que distintas unidades fueron comercializadas sin consulta previa y sin transparentar el destino de los recursos obtenidos. Además, denunciaron el supuesto intento de vender un inmueble perteneciente a la empresa.

Los inconformes también acusaron la operación de unidades sin permisos correspondientes dentro del Corredor Circuito Interior, vialidad estratégica que conecta zonas de alta afluencia como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Tacubaya, La Raza y Juanacatlán. Advirtieron que estas prácticas podrían derivar en consecuencias administrativas y legales.

Según El Financiero, alrededor del 80 por ciento de los socios afectados corresponde a personas adultas mayores que invirtieron recursos obtenidos durante toda una vida laboral para adquirir acciones de la concesionaria. Muchos dependían de las utilidades como complemento económico y actualmente enfrentan problemas financieros por la ausencia de pagos.

Los accionistas señalaron que durante años solicitaron auditorías, informes financieros y mecanismos de rendición de cuentas sin obtener respuestas satisfactorias. Aseguran además que la administración concentró el control de la información corporativa y limitó la participación de los socios en decisiones relevantes.

Asimismo, afirmaron que llevaron sus reclamos ante distintas instancias sin lograr una solución de fondo, situación que incrementó la inconformidad entre quienes consideran haber perdido gran parte de su patrimonio.

Ante la falta de respuesta, los socios anunciaron la posibilidad de realizar movilizaciones y bloqueos en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para exigir la intervención de las autoridades y visibilizar el conflicto.

Los afectados demandan que autoridades locales y federales investiguen la actuación de los directivos, revisen el destino de los bienes de la empresa y determinen si existieron conductas constitutivas de delitos patrimoniales o administración fraudulenta. También exigen mecanismos para recuperar los recursos que consideran perdidos.

El caso abrió cuestionamientos sobre la supervisión de las empresas concesionarias de transporte público de la Ciudad de México, especialmente aquellas conformadas por pequeños inversionistas y operadores que depositaron su patrimonio en proyectos vinculados al servicio público.

Mientras las denuncias continúan creciendo, los accionistas sostienen que enfrentan no sólo un conflicto empresarial, sino un presunto desfalco que afectó a decenas de familias y que podría convertirse en uno de los casos más delicados dentro del sistema de transporte concesionado capitalino.