Violencia, corrupción y nepotismo colocan a Tultitlán en crisis

Más de ocho meses después de que Ana María Castro Fernández asumiera la presidencia municipal, Tultitlán enfrenta una escalada delictiva que tuvo su punto más reciente el fin de semana, cuando se reportaron nuevas víctimas en hechos violentos que se suman a robos, secuestros y extorsiones.

Desde enero, los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) dan cuenta de un incremento sostenido en el delito de lesiones. Más de mil personas han resultado heridas con armas de fuego, cuchillos u otros objetos, lo que evidencia un repunte desde el inicio de la administración.

Con 672 robos de vehículos, motocicletas y autopartes, además de 102 asaltos a transportistas, los hurtos encabezan la lista de delitos más comunes. Estos hechos, cometidos tanto con violencia como sin ella, se repiten a diario en distintas colonias del municipio.

Los pequeños negocios, los pasajeros y los peatones son ahora los principales afectados por la inseguridad. Entre enero y agosto se reportaron más de 300 robos en la vía pública, 101 en el transporte público y más de 500 en establecimientos comerciales, cifras que reflejan el deterioro de la vida cotidiana.

En el ámbito administrativo, las investigaciones periodísticas han documentado contratos por más de 72 millones de pesos adjudicados sin competencia. La opacidad en estos procesos colocó al gobierno municipal en el centro de las críticas por presunta corrupción y nepotismo.

El caso más relevante es el que mantiene abierta la Fiscalía Anticorrupción del Estado de México, bajo la carpeta TOL/CCF/SPO/107/033891/25/02. En él se involucra a Castro Fernández y a su cuñada, la diputada local Elena García Martínez, por el presunto desvío de 38.5 millones de pesos a una asociación civil que adquirió irregularmente 27 hectáreas ejidales en San Francisco Chilpan.

La tensión también ha escalado en Fimesa, donde vecinos denunciaron pagos adicionales por 5 millones de pesos al Fondo Nacional de Habitaciones Populares sin que se haya regularizado la propiedad de sus predios. La imposición del nombre “Cuarta Transformación” a su comunidad derivó en bloqueos y protestas.

El control político en el municipio se ha visto marcado por el parentesco entre la alcaldesa y García Martínez, señalada de haber promovido su candidatura. Tres familiares de Castro Fernández laboran en el Ayuntamiento, hecho que para diversos sectores confirma una red de poder en medio de violencia e inconformidad ciudadana.